Polo Obrero: dos personas de una firma vinculada a Belliboni quedaron al borde del juicio oral

La Cámara Federal Porteña ratificó el procesamiento de Leandro Gastón Kebleris y Gabriela Anahí Rivero como partícipes necesarios de fraude al Estado en el expediente donde el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni fue enviado a juicio por el desvío de dinero y extorsionar a beneficiarios de planes sociales.

Kebleris y Rivero fueron procesados sin prisión preventiva en junio pasado por el juez Sebastián Casanello y embargados cada uno por casi 90 millones de pesos por haber creado y administrado la empresa pantalla Coxtex S.A. Para echar andar es firma con apariencia legal, ambos reclutaron a Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga quienes figuraban como socios formales. Seguidamente, pusieron a Coxtex a disposición de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. Tango Vega como Pichuaga quienes estaban en situación de vulnerabilidad, recibían una compensación económica por prestar sus nombres.

La pareja emitió facturas truchas simulando una actividad real inexistente a fin de ser presentados ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, posibilitando así el desvío del dinero asignado por el Estado Nacional en el marco del Programa “Potenciar Trabajo” para actividades políticas.
 
Estos movimientos pusieron a Kebleris y a Rivero en la mira de la AFIP. Para los investigadores fue clave el análisis de los teléfonos celulares de ambos, pues hallaron conversaciones donde se dio cuenta de una “práctica de funcionamiento coordinada y sistematizada”.
La pericia de los dispositivos fue determinante para probar la maniobra ilícita, ya que mostraron cómo Kebleris y Rivero no solo coordinaban la creación y gestión empresas de papel para la emisión de facturas truchas y encubrir operaciones ilegales, sino también la coordinación para la obtención de claves fiscales, emisión de facturación y elaboración de recibos simulados.
 
En el fallo al que tuvo acceso este medio, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Betuzzi señalaron que las conversaciones, “tal como concluyó el magistrado (Casanelllo), dan cuenta de una práctica de funcionamiento coordinada y sistematizada para la creación de sociedades a través de interpósitas personas, y su posterior administración y puesta a disposición de terceros para la concreción de distintos tipos de ilícitos financieros, coordinando de manera previa los términos de la facturación con el objetivo de disfrazar operaciones irregulares, dando fin de esta manera al circuito espurio ofrecido”, convalidando así lo que en junio pasado dio por probado Sebastián Casanello en su procesamiento.

Por un lado, se probó que Coxtex S.A. carecía de actividad comercial real, domicilio oficial y capacidad económica y por el otro que existían productos ni servicios entregados, y los fondos desviados se justificaban con documentación apócrifa.

“Sentado todo ello, podemos concluir entonces que la prueba recabada permite tener por demostrado, con los alcances que requiere esta instancia, que la firma Coxtex SA fue creada y manejada desde las sombras por Kebleris y Rivero, quienes disponían de ella para simular operaciones en beneficio de terceros como parte de un servicio profesionalizado”, agregaron los camaristas.

Tanto las defensas de Kebleris y Rivero buscaron desligarlos de la empresa fantasma y las maniobras fraudulentas, argumento que fue rechazado por los jueces tras sostener la suficiente y robusta prueba para afirmar su responsabilidad.

Con lo anterior, Leandro Kebleris y Anahí Rivero quedaron a un paso del juicio oral. En abril pasado, el juez Casanello envío a debate a Belliboni, por encabezar una banda delictiva dedicada a coaccionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo junto a su número 2, Jeremías Cantero y a otras 16 personas también acusadas de desviar dinero del Estado para actividades partidarias.

La causa tuvo su origen tras la primera marcha contra Javier Milei recién asumido como presidente. Allí, el Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para denunciar de manera anónima la existencia de personas que fueran forzadas a participar de la movilización. Posteriormente el gobierno radicó una denuncia donde posteriormente se incorporó como prueba los dichos de 5 testigos protegidos.

Con  información de MDZ