No hay un estallido social porque el narcotráfico generó un negocio alternativo

Para analizar la situación en los barrios más carenciados para evaluar si existía riesgo de estallido social, conversamos con referentes de las cuatro principales organizaciones piqueteras y les preguntamos si veían condiciones para una movilización masiva. “Para nada”, respondieron. Ni marchas para pedir que se vaya Milei, ni saqueos, ni protestas.

Entonces, ¿la situación social no es tan mala? No, nos dijeron: es gracias al narcotráfico. Mientras los movimientos retrocedieron, se reprimió a los sectores populares, se eliminaron programas sociales, los narcos avanzaron.

Charly Fernández, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), lo resumió así: “En los barrios estamos viviendo una verdadera implosión personal, no un estallido social”. La caída de las condiciones de vida no genera por ahora protesta colectiva, sino que abre camino a la capilaridad del narcotráfico: drogas, dinero y control social. Hoy los narcos funcionan como empleadores, prestamistas y operadores sociales.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, lo expresó con crudeza: “Hoy un joven que decide ser soldadito cobra 500 mil pesos por semana”. Otros estiman menos, pero la realidad es clara: hay muchos jóvenes avanzando por este camino.

El narcotráfico no solo genera ingresos: presta dinero a intereses usureros, exige favores y organiza la ayuda social en comedores y proyectos barriales. En algunos casos, estos actores entran en conflicto directo con organizaciones sociales tradicionales. “Acudimos a la policía y, aunque se desarticule una banda, otro líder rápidamente toma su lugar”, contó un referente.

El dinero de la droga circula y funciona como amortiguador de la conflictividad: jóvenes con ingresos, familias con crédito informal, comedores abastecidos. La contracara es devastadora: adicciones y familias destruidas.

Según Fernández, el avance narco incluso se refleja en la arquitectura: casas de losa, escaleras caracol, un estatus diferenciado dentro de la villa. Mientras tanto, el Gobierno eliminó 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), gestionadas por Sedronar y organizaciones sociales, dejando a miles de jóvenes sin contención.

El fenómeno no pasa desapercibido: la Conferencia Episcopal Argentina denunció en julio pasado que “cuando el Estado se corre, entra el narcotráfico”. Lo confirmó un estudio del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar sobre 600 jóvenes del AMBA: el 51% afirma que la mayoría de sus amigos consume drogas, y un 43% que hay conocidos que venden. La edad de inicio se ubica entre 13 y 16 años.

Según Belliboni, el avance del narcotráfico en el conurbano, particularmente en La Matanza, está ligado al Primer Comando Capital, organización brasileña con 56 miembros activos en Argentina, documentados por el Ministerio Público de San Pablo. Hace meses se detuvo a uno de ellos en Campana, y la fuerza federal reforzó su presencia en la zona. La tragedia del triple femicidio de Florencio Varela puso este fenómeno en primer plano.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, denunció que detrás de estos crímenes hay redes internacionales. No solo están los brasileños: hay organizaciones mexicanas y brasileñas activas. El narcotráfico dejó de ser un vendedor de barrio: es organizador social, empleador, prestamista, controlador de comedores y espacios comunitarios.

La pregunta es inevitable: ¿Argentina camina hacia escenarios más graves como México, Colombia o Brasil? ¿La política está a la altura de esta amenaza? La respuesta todavía está por verse, mientras el triple femicidio deja al descubierto el poder creciente del narcotráfico en los barrios.

Perfil