Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei
La líder de la Coalición Cívica, junto a Campagnoli y Reyes, denunció al magistrado y reclamó su destitución por abuso de autoridad, violencia de género y censura previa a la prensa.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentaron este viernes una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello.
El planteo, patrocinado legalmente por la propia Carrió, acusa al magistrado de “mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones” y reclama su suspensión, acusación formal y destitución.
Entre los hechos señalados, se destaca la decisión de Maraniello en la causa “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”, donde prohibió la difusión de chats, fotos, audios y videos de la secretaria de la Presidencia. Según los denunciantes, esa resolución “implica un acto de censura previa contra la prensa y avasalla el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
Además, la Coalición Cívica lo acusa de posible connivencia con el Poder Ejecutivo, en la figura del secretario de Justicia Sebastián Amerio, con el fin de encubrir procesos disciplinarios en su contra. También cuestionan su rol como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), a la que vinculan con una “red de tráfico de influencias” y con auspiciantes incompatibles con su función, como los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.
Otro de los puntos más graves de la denuncia refiere a que Maraniello registra cinco presentaciones en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género, realizadas por personal de su juzgado. Por esos antecedentes figura en el Registro Público de Denuncias contra Magistrados por violencia de género.
Finalmente, se le atribuyen irregularidades en el otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina.
“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los dirigentes opositores.
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