Discapacidad: el Gobierno prepara la letra chica de la judicialización para no aplicar la Ley

El Senado se propone rechazar hoy el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad. Los bloques opositores que la impulsan tienen el número para poder hacerlo, lo que implica que, de prosperar, la decisión presidencial quedará sin efecto. Este escenario ya había sido previsto por Javier Milei como una posibilidad, razón por la cual dijo que iba a iniciar una judicialización para evitar que esta legislación tenga que aplicarse.

“Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, afirmó Milei en una entrevista radial con El Observador el mes pasado. Ahí alegó que los proyectos que se estaban tratando “violan la restricción financiera”.

“La condición financiera es que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar esto”, justificó, a su manera, el Presidente.

Las áreas judiciales técnicas del Gobierno están terminando de trabajar en la letra chica de los planteos que presentarán ante la Justicia para evitar la aplicación de la normativa, que entre otras medidas prevé la regularización de pagos y actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, así como una compensación de emergencia para prestadores.

A pesar de que es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno se maneja con un presupuesto prorrogado, en la Casa Rosada acusan de que estos nuevos fondos que debería afrontar el Poder Ejecutivo no están contemplados en el cálculo presupuestario para el resto del año y tampoco se estimaba para el próximo. En rigor, buscan ganar tiempo para no comprometer el objetivo de déficit cero antes de las elecciones. “No les dan los tiempos para causar daño, no tienen tiempo para causar daño”, esgrimió oportunamente Milei al referirse al tema.

El principal argumento en el que se basará la defensa gubernamental será en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En tanto, el planteo abarcaría otros aspectos complementarios. “Estamos analizando ampliar la argumentación, aunque el artículo 38 sería el motivo principal”, comentó a Infobae un altísimo funcionario que está haciendo el seguimiento de la judicialización, la cual se presentará una vez que la ley quede ratificada.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la Ley tiene un impacto de entre el 0,22% y 0,42% del PIB, aunque esto sin contemplar otras medidas o efectos complementarios que no pudieron ser estimadas.

Horas antes de que la Cámara de Diputados tratara el veto presidencial tres semanas atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni había comunicado que el Ejecutivo estaba evaluando un incremento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El incremento iba a hacerse con los ahorros conseguidos de las bajas de las pensiones por invalidez que habían sido mal otorgadas. El Gobierno dio de baja más de 100.000 en los últimos meses, pero el procedimiento de revisión gruesa todavía sufre de importantes demoras, por lo que el incremento no sería sustancial. Este anuncio de Adorni se dio horas antes de que salieran los primeros audios comprometedores que luego configurarían el escándalo de presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con la droguería Suizo Argentina.

Mientras tanto, la administración libertaria no incrementa el nomenclador para prestadores de servicios de ese rubro desde diciembre del año pasado. Esa es una de las razones principales por las que el reclamo sectorial ganó tanta fuerza.

Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad

El proyecto de Ley declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone medidas para garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como la educación, la salud, la rehabilitación, la protección social y el empleo.

Entre sus acciones, se ordena el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la promoción del modelo social de discapacidad desde el Estado y los municipios. Se establece la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, ajustados según la inflación, y se incluyen beneficios tributarios y de regularización de deuda para los prestadores de servicios, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones.

La iniciativa introduce reformas en las leyes 13.478, 22.431 y 24.901 para redefinir la discapacidad según los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, actualizar el proceso de certificación y compatibilizar la pensión con el empleo formal hasta un determinado tope salarial.

Además, declara de interés público los servicios de los prestadores y prevé mecanismos obligatorios de consulta con las personas con discapacidad y sus organizaciones. El Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria y podrá realizar modificaciones en el presupuesto para garantizar la implementación de las medidas, sin afectar recursos asignados a servicios sociales.

Infobae