Juicio a la red narcocriminal carcelaria: Demoraron a un subalcalde

En la sexta jornada de la audiencia de debate contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, declararon ocho oficiales del Servicio Penitenciario Provincial y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Uno de los funcionarios del penal, que se desempeñaba como jefe del Pabellón A1 durante el período investigado y actualmente ocupa el cargo de subalcalde, fue demorado por responder con evasivas a preguntas de la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— sobre un pedido del acusado Sergio Moya para que un interno obtuviera el beneficio de extramuros. En tres oportunidades, el Tribunal de Juicio —presidido por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— le recordó que declaraba bajo juramento y que, además, es funcionario público.

Por su parte, el perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales explicó que su intervención en la causa consistió en procesar un teléfono celular perteneciente a Bisceglia, realizando dos tipos de extracción: la lógica, que permite acceder a la información visible con el equipo encendido, y la física, que incluye datos de aplicaciones y material eliminado. Indicó que para ello se utilizó la herramienta de análisis forense Cellebrite, habitualmente empleada en investigaciones policiales. Aclaró que su labor se limita a la extracción de datos, sin analizar el contenido, y que toda la información obtenida se remite a la fiscalía, donde queda a disposición de las partes. Añadió que en el informe se detallan las medidas realizadas y las herramientas empleadas.

En su testimonio, la jefa del Sector Atención al Ciudadano sostuvo que es habitual que el personal del penal solicite delivery de comida; dijo no recordar el ingreso de las cajas de pizzas, aunque sí reconoció ser ella la que en el video observaba el episodio.

Precisó que en su área no revisan lo que ingresa al penal, tarea que corresponde al sector de scanner. Consultada sobre si los internos pueden pedir delivery, lo negó, y agregó que tampoco los cadetes pueden llevar comida para un interno. Recordó que hubo un caso en el que se detectó el ingreso de drogas ocultas en alimentos.

Los testimonios del subjefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento de Seguridad Externa y del responsable del Sector de Mantenimiento de Guardia Externa giraron en torno a la insistencia de Sergio Moya para obtener el beneficio de extramuros para un interno en particular, a quien presentó ante algunos como un vecino y ante otros como un familiar.

Una auxiliar administrativa de la Dirección de Régimen Correccional declaró que uno de los funcionarios acusados le consultó, incluso por mensajes, sobre el pedido de beneficio extramuros del interno Manuel Méndez. Indicó que la solicitud fue rechazada por no alcanzar los puntajes mínimos en Conducta y Concepto. Explicó que, para acceder a los beneficios, es requisito contar con la historia clínica y cumplir con los puntajes establecidos en esas dos evaluaciones. En este caso, el trámite ingresó por Mesa de Entrada junto con los antecedentes, se derivó al área correspondiente y luego fue devuelto por no reunir las condiciones exigidas.

Por su parte, el jefe de Capacitación del Penal, de quien dependen los talleres de oficios, fue categórico al señalar que la compra de materiales es realizada por un encargado y que, bajo ningún concepto, un maestro puede recibir una transferencia de familiares de un interno para adquirir insumos.

Una empleada del Sector de Registro y Requisa de la Unidad Carcelaria 1 declaró que el penal cuenta con tres scanners, aunque uno de ellos está fuera de servicio desde hace tiempo. Señaló que al personal penitenciario se le realiza una palpación superficial antes de ingresar. También indicó que es habitual que los funcionarios ingresen alimentos —incluso carne cruda—, y que siempre lo hacen con autorización verbal de un superior. Aclaró que dispone de un listado de elementos permitidos, pero que no podía dar más precisiones porque no leyó el Reglamento de Requisa del Servicio Penitenciario.

Al ser consultada sobre la interpretación de las imágenes del scanner, reconoció que no sabe identificar drogas y que nunca recibió capacitación al respecto. Por último, precisó que la Oficina de Atención al Ciudadano no cuenta con un puesto propio de Registro y Requisa.

Tras la declaración de todos los testigos, el subalcalde que había sido demorado fue convocado nuevamente por el Tribunal y respondió las preguntas de las partes. El martes 12 de agosto, está previsto que presten testimonio diez personas.