Piden prisión preventiva para una mujer acusada de estafar a adultos mayores
Ambos hechos ocurrieron este año y bajo un mismo patrón. La acusada ingresaba a la vivienda de adultos mayores simulando una urgencia y, tras ganarse su confianza, se apoderaba de dinero y tarjetas.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, solicitó ante el Juzgado de Garantías N 7 la prisión preventiva de una mujer imputada por la presunta comisión de los delitos de estafa, hurto y estafa mediante el uso de tarjeta de débito, en concurso real.
Según lo expuesto por el Fiscal, la acusada —de 50 años de edad, domiciliada en el barrio San Jorge de Rosario de Lerma— fue detenida el pasado 12 de julio tras una serie de investigaciones que incluyeron allanamientos, declaraciones testimoniales, análisis de registros fílmicos y secuestro de evidencia clave.
Los hechos que motivaron la solicitud se remontan al pasado 9 de marzo, cuando la acusada habría ingresado al domicilio de uno de los damnificados, ubicado en barrio Villa Mercedes, simulando una necesidad fisiológica. Una vez dentro, habría sustraído un teléfono celular y la suma de $28.000, según consta en la denuncia y en el acta de secuestro posterior, donde se hallaron en su domicilio elementos coincidentes con los descritos.
En un segundo hecho, ocurrido el 27 de mayo, la acusada habría utilizado un modus operandi similar en la finca El Tránsito, donde, tras ingresar al domicilio de otro damnificado con la excusa de usar el baño, le habría sustraído su tarjeta de cobro. Posteriormente, se habría trasladado a una sucursal del Banco Nación, donde en un lapso de apenas 20 minutos habría extraído dinero de la cuenta del damnificado en reiteradas operaciones, actos registrados por las cámaras de seguridad de la entidad bancaria. Durante el allanamiento a su vivienda se secuestró la tarjeta sustraída, además de prendas de vestir que coinciden con las utilizadas durante las extracciones.
En su presentación, el Fiscal destacó la gravedad de los hechos, el modus operandi reiterado, el daño patrimonial a las víctimas y los antecedentes penales condenatorios que registra la imputada, quien cuenta con condenas previas unificadas a un año y siete meses de prisión condicional, lo que excluye la posibilidad de aplicar una suspensión del juicio a prueba u otros beneficios procesales.
“Existen motivos suficientes para presumir que, de otorgarse la libertad, la imputada podría fugarse o entorpecer el proceso judicial”, sostuvo el fiscal Escalante, al tiempo que argumentó que su conducta demuestra “una persistente voluntad de burlar la ley y reincidir en delitos de similar naturaleza”.
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