Durante el primer semestre murieron 22 personas en penales federales
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Gentili, publica su informe Muertes en cárceles federales, en el que detalla que se registraron 22 fallecimientos de personas privadas de la libertad en esos establecimientos entre el 1° de enero y el 30 de junio pasados.
De acuerdo con el trabajo, los decesos se produjeron en 13 de las 29 unidades de alojamiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF), con el siguiente desglose:
5 muertes en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza;
3 en el CPF II de Marcos Paz y en la Unidad 34 Campo de Mayo;
2 en el CPF VII exUnidad 31 de Ezeiza;
1 en el CPF de Devoto, en el CPF III de Salta, en el CPF IV de Mujeres de Ezeiza, en el CPF VI de Mendoza, en el CPF de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, en la Unidad 11 - Colonia Penal de Chaco, en la Unidad15 de Santa Cruz, en la Unidad 30 de Jóvenes Adultos de La Pampa y Unidad 4 - Colonia Penal de La Pampa.
En cuanto a la situación procesal de los reclusos fallecidos, el informe señala que el 68% (15 casos) correspondió a personas que cumplían condena firme, mientras que los restantes tenían prisión preventiva.
Del total de 22 muertes, 16 fueron no traumáticas, 3 fueron calificadas como traumáticas y las restantes 3 no fueron encuadradas en una categoría por no contarse con información suficiente para ello, detalla la PROCUVIN.
En relación al perfil de las personas fallecidas, el trabajo ofrece el siguiente desglose:
21 varones y 1 mujer.
1 una persona de nacionalidad extranjera: un joven chileno de 21 años alojado en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, que falleció como consecuencia de quemaduras.
El promedio etario de las personas fallecidas es de 54 años, mientras que en los casos de muertes violentas desciende a
23 y en los no traumáticos alcanza los 63 años.
La PROCUVIN especifica que, en el período sometido a estudio, presentó una denuncia por el caso de un hombre cuyo fallecimiento fue consecuencia del avance de la enfermedad de Hopkins. Explica que esa presentación tiene como fin establecer si la muerte pudo haber sido consecuencia de condiciones inadecuadas de la privación de libertad y, específicamente, si el enfermo obtuvo tratamiento médico adecuado y cuál fue su evolución.
La fiscalía especializada indica en el informe que impulsa el inicio de investigaciones en los casos de muertes no traumáticas (en general por padecimientos de salud) en que no se haya verificado una intervención anterior del sistema penal.
Evolución en la última década
El reporte pone en contexto los datos actuales con la evolución de la serie estadística anual de muertes en la última década. Detalla que, mientras en 2015 alcanzó los 40 casos; en 2016 se registraron 36; en 2017 y en 2018, 41; en 2019 trepó a 50; en 2020 -en contexto de pandemia- creció aún más, a 58; en 2021 se registraron 43; en 2022, 42; en 2023, 30; y en 2024, 40.
La procuraduría especializada pone de relieve el “registro inusual” de 2023, donde los casos descendieron a 30 y luego tuvieron un incremento del 33,3% en 2024, cuando llegaron a 40, y sostiene que el registro del año pasado retomó la tendencia observada en 2021 y 2022, que tuvieron 43 y 42 fallecimientos respectivamente.
Metodología del informe
Desde 2013, la PROCUVIN registra, contabiliza y analiza las muertes de personas detenidas en cárceles del SPF para desplegar series históricas y evolutivas, tanto en términos cuantitativos como también para profundizar en las modalidades y circunstancias en las que se dan los diferentes tipos de fallecimientos.
Para la elaboración del cada informe registran sistemáticamente y analizan los partes de notificación de fallecimientos que le remite el SPF.
La información es ingresada a la base de datos de fallecimientos en contextos de encierro, que es construida y actualizada por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la procuraduría, que para esta tarea cuenta con la colaboración de su Área de Violencia en Instituciones de Encierro.