Trata de Personas: Salta sienta precedente con millonaria reparación a víctimas
Un grave caso de trata laboral que involucró a 18 trabajadores indígenas explotados en Tartagal llegó a una resolución sin precedentes. El juez de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, homologó un acuerdo de reparación económica que totaliza 36 millones de pesos, más un ajuste por inflación de 500 mil pesos. Este monto se distribuirá en partes iguales entre las víctimas, lo que significa que cada una recibirá más de dos millones de pesos.
El pago se programó de forma escalonada a cumplirse en 90 días. Además de la compensación monetaria, el imputado Jesús Isauro Erazo deberá realizar tareas comunitarias en un hogar de ancianos de Tartagal por cuatro horas semanales durante seis meses.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal, expuso los términos de la reparación y los fundamentos para esta salida alternativa al conflicto. El Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y el abogado Juan Martín Crosa, representante del imputado, adhirieron a esta postura.
Durante la audiencia, el imputado Erazo manifestó su conformidad con el acuerdo y se comprometió a cumplirlo. La fiscalía imputó a Erazo por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, bajo la modalidad de captación, traslado y acogimiento, un hecho triplemente agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la cantidad de afectados y la consumación de la explotación.
Entre noviembre y diciembre de 2023, y posiblemente en fechas anteriores, Erazo realizó ofertas de trabajo engañosas a miembros de las comunidades aborígenes de El Cañaveral y San Luis, en Santa Victoria. Esta captación se hizo mediante integrantes de las propias comunidades. El empleador prometía trabajos de deschampe (limpieza de campos ya desmontados) en la finca “Los Chilenitos” o “El Chileno”, ubicada en la ruta provincial N°54, paraje de Tonono, Tartagal. A cambio de estas tareas, ofrecía un pago de 8.000 pesos por hectárea para cada trabajador, con una duración de 20 días de trabajo y 5 de descanso. De esta manera, logró captar a 18 personas, a quienes trasladó hasta la finca en una camioneta Toyota.
Al llegar al lugar de trabajo, los obreros recibieron herramientas rudimentarias y fueron sometidos a condiciones de servidumbre y trabajos forzosos. El alojamiento consistía en un campamento armado con plástico, sin mínimas condiciones de higiene ni protección contra las altas temperaturas, que en esa zona pueden superar los 50 grados. Tampoco contaron con recursos apropiados de alimentación ni de hidratación. La comida provista era escasa, un solo plato al día, y su costo se descontaba del salario prometido. La única provisión de agua potable disponible se encontraba en un grifo a 5 kilómetros de distancia, lo que agrava aún más las precarias condiciones.
La fiscalía concluyó que ninguno de los trabajadores recibió el pago prometido. Incluso, el imputado los amedrentó cuando intentaron reclamar por sus salarios, impidiendo cualquier posibilidad de escape inicial. Tres de las víctimas lograron huir por la noche en busca de ayuda, pero Erazo los persiguió, lo que puso en riesgo aún más su integridad.
La intervención de la fiscal Lucía Orsetti y el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, fue crucial para lograr esta resolución que busca reparar el daño causado a los trabajadores y establecer un precedente importante en la lucha contra la trata laboral en la región.