El veto presidencial tambalea por máxima tensión con aliados

"Son los gobernadores, estúpido". La frase popularizada durante la campaña presidencial de Bill Clinton en Estados Unidos podría adaptarse así al gobierno de Javier Milei, una administración sin territorialidad ni mayorías propias en el Parlamento sostenida políticamente por el apoyo de los mandatarios provinciales. Desde la ley Bases hasta el DNU 70/2023, pilares en los que se apoya el equilibrio fiscal y el programa económico de La Libertad Avanza, no existirían sin el apoyo de los gobernadores aliados, custodios imprescindibles también del veto del Poder Ejecutivo a las leyes del Congreso.

Pero ese escenario está a punto de cambiar. Divorciado de los gobernadores aliados y sus socios del PRO y la UCR en el Congreso, el Gobierno nacional perdió los votos para sostener los vetos del Presidente. El veto a la ley de financiamiento educativo y a la mejora de los haberes provisionales hubiese sido imposible sin el respaldo de las provincias.

La motosierra, máximo exponente económico y de campaña política del gobierno nacional depende básicamente del apoyo de los gobernadores aliados.

El reclamo unánime de las 24 jurisdicciones por el reparto de la coparticipación, específicamente por los fondos del impuesto a los combustibles y los Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), escenificado la semana pasada con la asistencia casi perfecta de todos los mandatarios provinciales en la sede del CFI en la Ciudad de Buenos Aires, quebró el vinculo entre las provincias y la Nación. Allí estuvieron opositores como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja) pero también dialoguistas como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) o Ignacio Pullaro (Santa Fe).

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