Brasil exige a las redes que controlen los contenidos ilegales

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha dado un paso significativo este miércoles al formar una mayoría decisiva entre sus jueces para endurecer la regulación de las plataformas de redes sociales. Esta medida impacta directamente en el manejo de contenidos ilegales publicados en estos espacios virtuales, reflejando una preocupación creciente por el papel de las redes en la difusión de noticias falsas y discursos de odio.

El foco del debate judicial es la revisión del Marco Civil de Internet, una normativa que desde 2014 ha establecido las responsabilidades de las plataformas digitales. Según este marco, las redes sociales solo pueden ser responsabilizadas por daños causados por usuarios si se niegan a eliminar contenido tras recibir un mandato judicial. Sin embargo, la decisión actual de la corte busca cambiar esta dinámica, haciendo a las empresas directamente responsables de monitorizar y retirar contenido ilícito de manera proactiva, sin esperar directrices judiciales.

Seis de los once jueces han votado a favor de una mayor responsabilidad por parte de las empresas tecnológicas como Meta, X (anteriormente Twitter) y Microsoft en el control del contenido. Este cambio refleja un enfoque más proactivo similar al modelo adoptado por la Unión Europea, donde existe una regulación estricta sobre el contenido digital. Al mismo tiempo, un único juez, André Mendonça, ha defendido el statu quo, argumentando que la libertad de expresión debe protegerse, permitiendo la divulgación de información que pueda exigir responsabilidad a instituciones públicas poderosas, así como a élites políticas y plataformas digitales.

El proceso legal se desarrolla en paralelo al juicio al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro y varios de sus ex colaboradores, acusados de intentar un golpe de Estado en 2022. Según la fiscalía, se utilizaron las redes sociales para propagar desinformación y justificar acciones violentas tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Este juicio ha sido un catalizador en el debate más amplio sobre la responsabilidad de las plataformas en la gestión de contenido dañino.

Un personaje destacado en estos desarrollos judiciales es el juez Alexandre de Moraes, quien ha tomado medidas drásticas para combatir la desinformación. En agosto de 2024, Moraes ordenó el bloqueo de la red social X en todo Brasil después de que Elon Musk, su propietario, ignorara mandatos de eliminar cuentas dedicadas a la difusión de noticias falsas. Tras 40 días de suspensión, Musk permitió que X volviera a operar en Brasil, cediendo ante las presiones legales.

La controversia en torno a estas decisiones no se limita a las fronteras brasileñas. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha considerado la posibilidad de sancionar a Moraes. El entorno de Bolsonaro acusa al juez de “perseguir” al ex presidente (2019-2022), lo cual ha añadido una dimensión internacional a este proceso judicial. El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha advertido sobre posibles restricciones de visado para funcionarios extranjeros que, supuestamente, censuren a ciudadanos estadounidenses, siendo Moraes uno de los señalados.

El debate sobre cómo regular las redes sociales en Brasil se intensificó después de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron violentamente en el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal en Brasilia. Las plataformas fueron vistas como canales clave para coordinar y justificar esos actos, lo que subrayó la urgencia de una regulación más estricta.

Aunque la corte ha formado una mayoría para cambiar el enfoque regulatorio, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, ha enfatizado que todavía hay trabajo por hacer para definir el alcance y los mecanismos específicos de implementación de estas regulaciones. Se explora cómo equilibrar la responsabilidad de las plataformas con la protección de la libertad de expresión, una preocupación clave planteada por críticos que temen que las acciones preventivas puedan sofocar el discurso legítimo.

Las decisiones del tribunal, una vez finalizadas, podrían ser contestadas o ajustadas por el Congreso Nacional, que tiene la capacidad de promulgar leyes que alteren o revoquen la medida.

Con información de AFP, AP y Reuters