Plaza 9 de Julio: Vargas advirtió que según la ley, pueden “responder hasta con su patrimonio” por daños al municipio

La concejal Alicia Vargas se manifestó, luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos imputara a exfuncionarios municipales de la gestión de la exintendenta Bettina Romero y a empresarios vinculados a la remodelación de la plaza 9 de Julio. Las acusaciones se centran en presuntos delitos de fraude a la administración pública y falsedad ideológica, vinculados al mecanismo de sobrecertificación de obras.

“La obra comenzó con un presupuesto de 130 millones de pesos y terminó superando los 400 millones de pesos, con certificaciones de trabajos que no estaban hechos y que sin embargo se pagaban”, denunció Vargas.

La edil apuntó a posibles irregularidades en los procesos administrativos, señalando que en varios contratos, no estaba previsto otorgar anticipos financieros, pero de todas formas fueron entregados sin las garantías exigidas por la ley.

“Normalmente, si un pliego prevé anticipo financiero, debe estar respaldado por un seguro de caución. En estos casos, no existía tal previsión y sin embargo los anticipos se dieron igual”, advirtió.

Aunque evitó acusaciones directas sobre la intencionalidad detrás de estos hechos, Vargas subrayó la gravedad institucional del caso y sostuvo: “no se puede ganar una obra, no hacerla, cobrarla y que quede en la nada”.

“Hay otros funcionarios que todavía no aparecen en esta actuación de la fiscalía. Me imagino que esto va a seguir”, expresó Vargas y agregó: “de acuerdo a la ley de contabilidad, tienen que responder hasta con su patrimonio personal en el caso de que haya realmente un daño al erario municipal”.