Este jueves iniciará, en Salta, el juicio contra Cositorto por 118 estafas millonarias y asociación ilícita

La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que Nelson Leonardo Cositorto será juzgado, a partir del jueves 29 de mayo, por la Sala I del Tribunal de Juicio. Se lo acusa de ser autor de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos), en concurso real con asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.

Junto a él también serán juzgados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, en calidad de coautores de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

Se estima que el perjuicio ocasionado a través de Generación Zoe, de acuerdo con las denuncias realizadas, asciende a 5.682.500 pesos y 574.120,29 dólares.

El juicio se desarrollará en la Sala de Grandes Juicios del edificio del Poder Judicial y será presidido por el juez Martín Pérez, con la participación de los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar. Se prevé que las audiencias se extiendan a lo largo de un mes, y que más de ciento sesenta testigos brinden declaración.

Para poder participar del proceso, Cositorto fue trasladado días atrás desde la cárcel de Corrientes, y actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

La causa

La intervención de la UDEC se inició a partir de diversas denuncias recibidas en 2022 por estafas presuntamente cometidas por Generación Zoe, una financiera de alcance nacional que contaba con una sede en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.

Durante la investigación, desde UDEC se determinó que el modus operandi de la empresa consistía en la firma de contratos de fideicomiso (denominados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de esa inversión, la financiera les prometía un retorno mensual de entre el 7,5% y el 10%, y un rendimiento anual del 120%. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En el caso de que el aportante decidiera retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 (doce) meses.

Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.

Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.