Arranca el fondo de cese laboral: los antecedentes y los riesgos que ven los privados

El Gobierno dio el paso final para la entrada en vigencia de los fondos de cese laboral, el mecanismo con el que el Gobierno busca competirle al sistema de indemnización actual.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó el Régimen especial de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral. Con ello, avanzó en la constitución del Sistema de Cese Laboral cómo "régimen alternativo a la indemnización por antigüedad".

El sistema se instrumentará a través de fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros.

Según explicó el presidente de la CNV, Roberto Silva, este sistema va a "revolucionar la forma en las que se implementan y acuerdan las indemnizaciones, a la vez que integra inversores institucionales de largo plazo en el mercado de capitales" y que incentivará el desarrollo del mercado de capitales.

El sistema se podrá implementar a nivel individual, empresarial o sectorial y será a través de cuotapartes. Las partes podrán establecer libremente el porcentaje de remuneración o monto fijo que aportará el empleador o los trabajadores.

Esta alternativa fue posibilitada por la Ley Bases, que también incluía que fuesen los trabajadores los que puedan realizar los aportes. La ley misma abrió la posibilidad de que las negociaciones para adherir a este régimen sean de manera individual, a través de convenios colectivos o a nivel empresa.

Antecedentes

Uno de los esquemas vigentes parecidos al habilitado por la resolución es el del sector de la construcción, o similar al implementado en los 90 de las AFJP.

Matías Maito, director del Centro de Investigación y Estudios sobre el Mundo del Trabajo de la Universidad de San Martín, explicó que el régimen de la construcción responde a características propias de la actividad.

"La construcción está regida por las obras que tienen un comienzo y un fin, y eso explica el por qué de un fondo de cese, donde los trabajadores cobran cuando termina una obra", dijo Maito.

Estas características no se dan en el resto de las actividades económicas.

"Crear negocios financieros para reemplazar prestaciones que tienen un carácter social es una mala noticia. El ejemplo histórico que tenemos a mano fueron las AFJP, posiblemente una de las mayores estafas institucionales de las que tengamos recuerdo", sostuvo Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.

El caso de las AFJP implementado desde 1994, un sistema de capitalización personal que determinaba la jubilación en función de los aportes de los trabajadores y de las inversiones de la aseguradora privada.

A pesar de su duración de casi 15 años, el sistema fracasó y fueron pocas personas las que alcanzaron a cobrar sus jubilaciones por este sistema. El incumplimiento en los aportes de los empleadores y la mala administración se tradujo en el colapso del sistema de pensiones, que luego fue traspasado al Estado.

Efectos

Las expectativas sobre el efecto que puede tener esta medida en el mercado de trabajo son mas bien bajas, sobre todo en materia de registración.

"Esto no generó mayores niveles de empleo en la construcción, ni mejoró la formalidad o el salario. De hecho el sector está entre los más informales y con niveles salariales bajos", explicó Maito, quien agregó que la idea que subyace es que la mayor libertad de decisión al empleador puede ser un incentivo a la contratación, aunque no cree que eso ocurra.

El sistema además quita el "efecto disuasorio" al despido e implica una mayor discrecionalidad, lo que puede traducirse en una mayor flexibilidad de las relaciones laborales y en un aumento de la rotación de los trabajadores.

Otro de los efectos que marcó Maito es el crecimiento del negocio financiero, pero con los aportes de los trabajadores y los empleadores: "No avizora efectos positivos en el mercado de trabajo".

Para Campos, "el derecho a la protección contra el despido arbitrario corre el riesgo de desaparecer como tal".

Esto además, puede implicar menos ingresos ya que, a diferencia de la indemnización, esta no está tarifada y no establece un mínimo. "Acá los actores definen montos y formas de pago", agregó Maito.

Reforma laboral

El acuerdo con el FMI establece que el Gobierno deberá avanzar en la flexibilización del mercado laboral. Es por eso que hacia adelante se esperan aún nuevos cambios.

"No habría que descartar que el objetivo sea tener el sistema aceitado para incluirlo en una nueva reforma laboral, y que ya no dependa de la negociación colectiva o que se pueda negociar a nivel de empresa", subrayó Campos.

Para Maito es una posibilidad que se busque ampliarlo, pero ya es parte de la reforma laboral vigente. Si bien consideró que la voluntad del oficialismo es que se aplique de forma difundida, puntualizó algunos obstáculos.

Desde el lado de los trabajadores, sostuvo que "hay mucha cautela en los sectores porque va a ser difícil de implementar una modificación en el sistema de indemnizaciones porque implica un recorte de ingresos".

En el caso de los empleadores, también ve riesgos: "Este sistema entra en contradicción con el sistema normativo de relaciones laborales y derechos constitucionales, y ven la posibilidad de una judicialización".

Cronista