En Argentina, denunciaron a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad

Evo Morales Ayma, ex presidente de Bolivia, fue denunciado ante la Justicia argentina por graves delitos de lesa humanidad durante su mandato, que se extendió desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. La denuncia, anticipada este miércoles por la periodista Carolina Amoroso en Infobae en Vivo, fue formalizada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y otros organismos que exigen que el caso sea investigado en el país en virtud del principio de jurisdicción universal.

Antecedentes y contexto

Durante los 14 años de presidencia de Morales, se perpetraron múltiples violaciones a los derechos humanos en Bolivia, categorizadas como masacres, torturas y tratos inhumanos, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia enfatiza que el sistema judicial boliviano está inhibido de actuar con independencia debido a presiones políticas, lo cual justifica la intervención argentina para asegurar justicia.

En la demanda se acusa directamente a Morales de ordenar persecuciones políticas que llevaron a detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos contra individuos percibidos como opositores políticos. Estas acciones se habrían llevado a cabo con el conocimiento y la autorización explícita de Morales durante eventos dramáticos como el denominado “Caso Terrorismo 1”, donde varias personas fueron detenidas y acusadas sin pruebas de estar involucradas en actividades terroristas.

La base de la denuncia ante la justicia argentina se apoya en el derecho de jurisdicción universal que permite a Estados juzgar crímenes de lesa humanidad aun cuando estos no hayan sido cometidos en su territorio. La Ley 26.200 de Argentina, que implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, respalda esta capacidad de ejercer jurisdicción universal sobre tales delitos.

Esta denuncia representa un llamado a aplicar la jurisdicción universal en Argentina, arguyendo que el estado boliviano no ha mostrado voluntad o capacidad para investigar de manera efectiva estos crímenes. La judicialización en Argentina no sería una interferencia, sino un compromiso con la justicia internacional y la memoria de las víctimas.La denuncia por abuso.

Morales enfrenta otra denuncia en Argentina por presunto abuso de menores y trata de personas. Recientemente, la Cámara Federal revirtió el archivo del expediente que había sido dictado en primera instancia.En este expediente a Morales se lo acusa de abuso sexual de menores bolivianas y de haberlas tenido en condiciones serviles en su vivienda de Buenos Aires durante 2020, donde se refugió luego de dejar el poder en Bolivia gracias a sus contactos con el entonces presidente Alberto Fernández. Uno de los testimonios presentados denuncia que Morales recibió “niñas como obsequios” de quienes deseaban obtener favores gubernamentales.

La denuncia de Richarte contra Nicaragua

En la Argentina se tramita otra causa basada en el principio de jurisdicción universal contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El juez federal Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del dictador de Nicaragua, su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos. La medida también alcanza a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense.La investigación fue impulsada por el abogado Darío Richarte, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y un grupo de estudiantes universitarios, quienes durante la pandemia del COVID-19 comenzaron a explorar las posibilidades legales para abordar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.La iniciativa surgió en una clase virtual sobre el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, donde los estudiantes plantearon a Richarte la situación crítica en Nicaragua. Este encuentro fue el catalizador para lo que se convertiría en un expediente judicial con pruebas documentales y testimonios de víctimas.