Postergaron la sesión por Ficha Limpia prevista para este miércoles en el Senado

Con aval de la Casa Rosada y de casi todas las bancadas y, luego de una jornada con frenéticas reuniones, la sesión citada para hoy por la ley de Ficha Limpia fue postergada sin fecha, como adelantó Infobae el lunes. La iniciativa, que ya fue aprobada por Diputados, precisa una mayoría absoluta de 37 votos para ser sancionada que hoy no estaría del todo asegurada, sumado a las potenciales dificultades por las movilizaciones sindicales previas al paro anunciado para mañana, que ayudaron como motivo extra.

El escaneo y panorama previo fue detallado ayer en Casa Rosada por el jefe de la bancada libertaria en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy). Eso no quitó que, durante la tarde, ocurriera una situación de indefinición que quemó nervios en varios despachos, en medio de la reciente derrota libertaria en Diputados por $LIBRA. Por caso, en la Cámara alta se lo vio al vicejefe de Gabinete y caminador de pasillos legislativos, José Rolandi.

La convocatoria para la ahora desactivada sesión fue extraña y generó rispideces en el propio oficialismo. Ocurrió el jueves pasado por la noche -a última hora-, posterior a la sentencia del recinto sobre las candidaturas para el máximo tribunal de justicia, que finalizó en doble traspié para los deseos del Ejecutivo y sus principales referentes judiciales.

A las 20.30 del martes apareció la nota con la solicitud formal para demorar la sesión, firmada por Atauche y algunos colegas de su bloque; junto al jefe de la UCR, Eduardo Vischi; y sus pares del PRO, Alfredo De Ángeli -el macrismo del Senado y de Diputados reclamó desde hace días evitar poner en riesgo el encuentro hasta no blindar 37 voluntades-; y de Provincias Unidas, Carlos Espínola, entre otros. Esgrimieron “posibles inconvenientes que pueden generar las acciones que llevan adelante asociaciones gremiales y siendo que se requiere una mayoría calificada para la aprobación”.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, evitó firmar la resolución y el documento en cuestión fue rubricado por el presidente provisional de la Cámara alta, el libertario Bartolomé Abdala, pasadas las 20.30.

El panorama por Ficha Limpia se limó aún más el fin de semana último: de manera para nada inesperada, aparecieron sugerencias de cambios desde algunas bancadas dialoguistas. ¿Un argumento? El proyecto tendría que incluir varios delitos olvidados en Diputados, así como prohibiciones para ocupar diferentes cargos políticos a futuro.

Las dudas sobre las adhesiones que faltaban para llegar a 37 se despejaron semanas atrás con el compromiso de los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Luego, la lupa viró hacia los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes se mueven juntos y no suelen anticipar estrategias. Sin ellos confirmados -sí aportarían al quorum y reclamaron hoy, por nota, una reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión- y con todo el kirchnerismo en contra, resultaría imposible arribar a la mayoría absoluta que requiere la norma.

Pero la mira no sólo debe estar allí, sino también sobre bloques dialoguistas como la UCR, que desde que se inició la gestión libertaria regaló zigzagueos constantes que marean, incluso, a los propios integrantes del centenario partido: desde dicha bancada partieron las advertencias sobre sugerencias de modificaciones. El oficialismo desconfía de un gobernador y un puñado de senadores. Si se toca una coma -el pleno de la Cámara alta tiene todo el derecho a hacerlo-, la iniciativa continuará en la fila de espera, ya que regresará en segunda revisión a Diputados.

Qué establece la iniciativa

La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner.

En concreto, abraza a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Con información de Infobae