Otra vez, la Iglesia rechazó la modificación en la edad de imputabilidad
En un contexto de debate nacional sobre la inseguridad y la criminalidad juvenil, la Iglesia Católica en el país expresó su rechazo al proyecto del Gobierno nacional que busca reducir la edad de imputabilidad como medida para combatir la violencia.
Según informó en un documento titulado Más oportunidades que penas, la Comisión Episcopal de Pastoral Social -encabezada por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida- se enfatizó que los menores “no son los que más delitos cometen” y que la solución “no es modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza“.
En su declaración, el Episcopado subrayó que, de acuerdo con la estadística oficial más reciente del Sistema Nacional de Información Criminal - Sistema Alerta Temprana (SNIC_SAT), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, “en 2023, en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”.
Según el obispado, la inseguridad y la delincuencia juvenil son el resultado de años de políticas que “no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo".
Además, en su mensaje, destacaron que son necesarias “las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes”. Y completó el Episcopado: “Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”.
En este contexto, la Iglesia nacional -que también expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia, incluidas aquellas que han sufrido delitos cometidos por menores de edad- reconocieron que “el fácil acceso a las drogas” es una de las principales causas de la violencia juvenil. “Por ello ¡es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco. Si miramos la realidad, el narcotráfico en nuestro país, desde hace décadas, viene ganando territorio y y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes“, sostuvo un fragmento del comunicado.
En palabras de la Comisión Episcopal de Pastoral Social enfatizó que “es imprescindible comprender que es necesario promover una cultura del cuidado que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona", especialmente en términos de educación y empleo, como una forma de prevenir su involucramiento en actividades delictivas.
Ante este flagelo, la Iglesia se plantea una serie de preguntas clave, antes de que se dictamine la baja de imputabilidad. “¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?“.
“¿Más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados?“, son otro de los interrogantes que se plantea el documento. Y como solución, el obispado expresa que ”cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación. El deterioro educativo y la deserción escolar es una realidad que requiere pronta solución", sostuvieron.
Para ello, la Conferencia expresó que “hay que repensar la estructura de las escuelas y potenciar los lugares de participación y proyección que existen“, citando como casos los clubes, polideportivos, capillas y centros vecinales.
Con información de Infobae