Reanudan la audiencia para decidir si se imputa a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil retomará este miércoles a las 09:30 (hora local) la sesión clave para decidir si acepta la denuncia presentada por la Fiscalía General contra el ex presidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados, señalados por presuntamente planear una conspiración para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones presidenciales de octubre de 2022.
La causa, que se discute en la Sala Primera del STF, involucra a figuras de alto rango del anterior gobierno. Además de Bolsonaro, la denuncia afecta a sus ex ministros Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), Walter Braga Netto (Defensa), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), así como al ex asesor Mauro Cid, ex ayudante de órdenes del ex presidente. La Fiscalía los acusa de los delitos de rebelión, tentativa de golpe de Estado y atentado contra el orden constitucional.
Según el fiscal general Paulo Gonet, la acusación se sustenta en “manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes” que probarían que Bolsonaro lideró una organización criminal orientada a subvertir el resultado electoral.
Gonet afirmó durante la audiencia que el objetivo de la supuesta conspiración era “mantener a Jair Bolsonaro en el poder”, mediante una cadena de acciones articuladas para impedir el traspaso de mando, incluso con uso de la fuerza o amenaza.
Entre las pruebas mencionadas figura un borrador de decreto que declararía un estado de defensa, figura prevista constitucionalmente para situaciones de grave perturbación del orden, con el objetivo de intervenir el proceso electoral. El fiscal también señaló que la conspiración contemplaba el asesinato del presidente Lula da Silva y del magistrado Alexandre de Moraes.
En paralelo, la denuncia conecta esta supuesta planificación con los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando una semana después de la investidura de Lula, miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron de forma violenta las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto en Brasilia. En ese momento, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos.
El ex presidente, de 70 años, fue el único de los ocho acusados que asistió personalmente a la primera jornada del juicio, celebrada el martes en la sede del Supremo en Brasilia. Vestido de traje oscuro, se sentó en la primera fila del recinto judicial y presenció con semblante serio más de seis horas de deliberaciones.
Durante la sesión, los jueces rechazaron dos recursos interpuestos por su defensa. El primero solicitaba la anulación del acuerdo de colaboración firmado por Mauro Cid con el Ministerio Público. Los abogados de Bolsonaro alegaron que Cid no declaró de forma espontánea, como exige la legislación para este tipo de pactos. Según el abogado Celso Sánchez Vilardi, “se adaptó a las pruebas” presentadas por el Estado y no actuó libremente.
El segundo recurso pedía que el juicio se realizara en el pleno del STF y no en una de sus salas, argumentando que los hechos imputados ocurrieron durante el ejercicio de funciones de altos cargos del Estado. La solicitud también fue denegada por la mayoría de los magistrados de la Sala Primera.
Además, el tribunal rechazó otro pedido previo de la defensa para apartar a tres de los jueces que participan en el juicio: Alexandre de Moraes, Flávio Dino —ex ministro de Justicia en el actual gobierno de Lula— y Cristiano Zanin, quien fue abogado personal del presidente. La defensa alegó “incompatibilidad” y falta de imparcialidad por el historial de enfrentamientos políticos y jurídicos entre los magistrados y el exmandatario.
En otra publicación, Bolsonaro comparó su situación con la del presidente estadounidense Donald Trump a red social X, donde acusó al Supremo de actuar con criterios políticos. “¿Haría lo mismo la Corte Suprema si el acusado fuera otro ex presidente? El momento ‘conveniente’ de estos cambios muestra que la regla fue creada para mí y, después de mí, puede volver a cambiar”, escribió. También calificó el proceso como “la casuística más escandalosa de la historia del Poder Judicial brasileño”.
Según sus abogados, no existe ninguna prueba documental que lo vincule con los hechos denunciados, ni con eventuales planes para atentar contra la vida de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin o del juez Moraes. “Contra el ex presidente no se halló absolutamente nada”, afirmó Vilardi.
La Sala Primera del STF, que decidirá si convierte a Bolsonaro y a los otros implicados en acusados formales, está compuesta por cinco magistrados. De avanzar el proceso, los investigados pasarán a ser juzgados por el alto tribunal, que actúa como instancia penal en casos de autoridades con fuero privilegiado.
Con información de EFE y AFP