Fake News: imputaron a Mena Saravia en la causa contra el diputado Estrada

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de forma provisional al empresario mediatico Federico Mena Saravia como autor mediato del delito de intimidación pública. La causa fue abierta en diciembre del año pasado, después de una serie de allanamientos a empleados del Congreso nacional, que se desempeñaban en la oficina del diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada.  

El decreto de imputación se emitió el pasado 29 de enero y fue notificado el día 30. Al encontrarse de viaje en Estados Unidos, el imputado se presentó a través de un abogado particular y la audiencia de imputación se concretará a su regreso al país, después del 15 de marzo.

Mena Saravia es un empresario vinculado a los medios de comunicación y emprendimientos vitivinícolas en la provincia de Salta y el exterior, y su imputación se produce a partir del rumbo que tomó la investigación con la recepción de testimonios obtenidos durante la investigación y otras medidas, de donde surgiría su participación en los hechos investigados.

La Fiscal puntualizó que la causa se inició sin tener personas físicas identificadas en primera instancia, y del avance producido, se imputó inicialmente a dos personas (Florencia Arias Bustamente y Javier Alonso Allemand), en forma posterior a otras dos (Marco Capisano y el diputado nacional), y finalmente a una quinta, que surgieron de las tareas investigativas y quienes estarían involucradas en la comisión del delito que se investiga.

Cabe recordar que el delito de intimidación pública busca castigar toda conducta que cause temor en la sociedad de manera tal que tenga la potencialidad de incidir en el normal desenvolvimiento de los poderes del Estado (provincial en este caso) y desestabilizar el orden democrático e inconstitucional, auspiciando intervenciones interruptivas de los gobiernos surgidos de la voluntad popular.

La fiscal Cornejo destacó que, independientemente del delito que la Fiscalía a su cargo investiga, caracterizado como de acción pública y de competencia ordinaria, y que tiene como bien jurídico protegido el orden público, y no persona alguna en particular, la investigación a su cargo no comprende las otras eventuales afectaciones diferentes que pudiesen generar compromiso o agravio en personas físicas en particular, a las que -en su caso- la ley les concede la posibilidad de presentar querella penal privada.

En lo específico, se pudo precisar la existencia de por lo menos cinco videos que reconocen claramente una insistente trazabilidad común que los uniforma homogéneamente, donde públicamente refieren a las instituciones de la provincia como “estado narco”, vinculándolas con carteles de droga, con operativos de secuestro de drogas efectivamente efectuados sobre ambulancias que indicarían -aparentemente, en principio y según su fachada exterior- indicarían pertenecer a razones sociales de privados y ser ajenas al sector publico de salud, entre otros contenidos. Precisamente de modo simultáneo y en contraposición a los esfuerzos de todas las instituciones del Estado en procura de la protección de la sociedad contra el impacto de estos nuevos fenómenos delictivos, y las acciones públicas de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la provincia de Salta en diversos escenarios que resultan de conocimiento público.

Todo lo que posee objetivamente entidad para causar confusión y temor en la población respecto a que la provincia de Salta, lugar donde viven, se convierta en un territorio violento a merced de la criminalidad organizada.