Por irregularidades en contratos de limpieza, auditarán los servicios de seguridad de ministerios

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) avanza con su plan de auditorías sobre gastos de la Administración Pública Nacional (APN) y tras detectar irregularidades en los servicios de limpieza de los ministerios y organismos del Estado hará lo mismo con los contratos para la provisión de seguridad que firmaron esas carteras.

El organismo que conduce Miguel Blanco analizará centenares de contratos para la provisión de servicios de seguridad que fueron firmados por los ministerios y dependencias del Estado en los últimos años. A priori, lo que se detectó es que pocas empresas se quedaban con la mayoría de los contratos, algo simular a lo que ocurrió con los servicios de limpieza.

Lo que se buscará determinar es si los agentes de seguridad efectivamente iban a sus puestos de trabajo, si se eligió la oferta más económica, entre otros puntos. Durante todo 2024, la SIGEN, el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, se encargó de iniciar una numerosa cantidad de auditorías para tener una gestión más “ordenada y eficiente” de los recursos públicos. Entre sus premisas estaba buscar posibles cartelizaciones en las contrataciones de servicios, verificar la asistencia de los empleados y analizar de qué forma se contrató a cada compañía.

Tras detectar irregularidades en contratos de limpieza, auditarán los servicios de seguridad de ministerios

En el caso de los contratos de limpieza, las auditorías se realizaron en todas las reparticiones del Estado, es decir, en todos los organismos públicos: desde los ministerios más importantes hasta los pequeños entes.

El informe final expuso gastos de hasta $88.000 millones en limpieza en el último año del gobierno de Alberto Fernández y determinó cinco puntos claves:

• Cartelización: el servicio de limpieza se concentró en 10 proveedores, de las 355 empresas de limpieza empleadas. Este grupo reunió el 61,78% del monto total de contrataciones y se pudo constatar la repetición de autoridades en el directorio de más de una compañía.
• Controles insuficientes en la prestación del servicio: no se realizó un registro del presentismo y del cumplimiento del personal. En el 20% de los casos no se tomó asistencia de los empleados y en el 21% no se verificó si se cumplió con el horario laboral designado.
• No hubo un criterio uniforme para determinar los costos de las empresas. Algunas se manejaban con el dato del IPC, otras con el Índice de Precios Mayoristas y con paritarias sectoriales o sindicales. Sin embargo, esto solo ocurrió en 861 contratos, los restantes 447 convenios se firmaron con “otras” modalidades no especificadas. Esto representó un 52% del total.
• Existió una falta de control en el cumplimiento de los aportes jubilatorios, retenciones y ART. Algunas de las empresas involucradas aún se manejan con el decreto 332/2020 de la gestión de Fernández, que creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores afectados por la emergencia sanitaria en la Pandemia. La resolución determinó que cada empleador podía reducir o postergar hasta el 95% del pago de contribuciones patronales al Sistema Previsional Argentino.
• No todas las contrataciones se realizaron con documentos licitatorios modelo. Un 27% fue a través de licitación pública, pero las restantes se efectuaron mediante concursos privados, contratación directa, legítimo abono, licitación privada, concurso público, subasta pública y compulsa de precios, entre otras.

Según el informe, Aerolíneas Argentinas lidera el ranking de las empresas que tuvieron los contratos de limpieza más caros, con un monto total de $8.673.458.024,48. Le siguen el Banco Nación ($6.687.491.950,70), ARCA -ex AFIP-($6.321.561.418,33), AYSA ($6.303.905.299,84) y Anses ($4.790.659.761,53).

Además, figuran el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($4.651.633.229,81), el Hospital Garrahan ($2.586.239.388,00), el Correo Argentino ($2.393.082.026,12), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ($2.128.340.794,49) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($1.769.936.357,28).

De todas las empresas que fueron contratadas durante 2023, hay tres que llamaron la atención de la Sindicatura General: La Mantovana de Servicios Generales S.A, Martín y Cía S.A, y Domin S.R.L.

La Mantovana es la empresa que mayor costo de contratación representó en 2023, con casi $20 mil millones. La empresa prestó servicios principalmente en AFIP, Anses, Jefatura de Gabinete y en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).