La Alameda repudió la eliminación del Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata

El fondo estaba contemplado en general en la ley 26.364 sancionada bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, fue específicamente creado por ley 27.508 bajo la gestión de Mauricio Macri y puesto en funcionamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Además, representaba una reivindicación a una de las demandas históricas de las organizaciones antitrata que reparó a 498 personas por un total de $562.273494,93.

Hoy y gracias a las facultades que la llamada “Ley Bases” otorga al gobierno nacional, se decidió la eliminación de cinco fondos fiduciarios, entre ellos el técnicamente denominado Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de Trata. Un mecanismo por medio del cual se reparaba económicamente a las víctimas sobrevivientes de trata con sentencia judicial firme. De esta forma, y a través de dos escuetos renglones, se pretende poner punto final a una política pública de Estado que llevó años construir.

El instrumento cumplía con el objetivo de reparar de forma directa a la víctima, pero también simbólicamente a toda la sociedad, puesto que al detectarse bienes que hubiesen sido instrumentos del delito en causas de trata y explotación, estos eran liquidados a través de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y, con el producido de su venta, se indemnizaba  a las personas víctimas de trata.  

También se contemplaba la posibilidad de mantener los bienes para evitar que perdieran su valor durante la tramitación del juicio, algo que en nuestro país puede demorar 8 o 10 años, de esta forma se evitaba que el bien se depreciara, por ejemplo alquilando un local o un departamento o cediendo en comodato para su uso temporario, para poder liquidarlo una vez obtenida la sentencia firme e individualizada la o las víctimas.

Los argumentos del gobierno nacional para justificar la eliminación, hacen referencia a una supuesta auditoría que habría arrojado “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva”.

En el caso del fondo para asistir a víctimas de trata, la falta de control era casi imposible, toda vez que además de la AABE, intervenía la Unidad Ejecutora del Ministerio de Justicia y el Consejo Federal de Trata: las reparaciones eran autorizadas e informadas frente a representantes de todas las provincias  y la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder legislativo, Defensoría del Pueblo de la Nación y tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil a través de una comisión creada con el objetivo de seguir y monitorear su funcionamiento.

Por otro lado, y considerando que el mencionado mecanismo se implementó a partir de un contrato firmado entre el estado nacional y  el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) estaba sometido a los controles del Banco Central e incluso de la Comisión Nacional de Valores.

A los fines de agilizar su implementación y apropiación por parte de las justicia, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas -PROTEX- presentó en el 2023 la guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo fiduciario, el documento fue elaborado en forma conjunta con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.

El Fondo Fiduciario en números:

De acuerdo a la información brindada por la Protex, desde julio del 2019 al 31 de octubre del 2024 se efectivizaron:

• 181 sentencias en total de trata y delitos conexos
• 86 dispusieron reparación económica
• 94 dispusieron  decomisos de bienes instrumentos del delito
• 
  $562.273.494,93 es el monto total de reparaciones
• 
  498 es  la cantidad de víctimas a las que se ordenó su reparación
• 
  57 son las víctimas que efectivamente recibieron indemnización de acuerdo a la disponibilidad de fondos.

En definitiva, el Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de Trata, constituía una política de Estado más allá de los gobiernos de turno y, como en muchas otras materias, había convertido a nuestro país en referencia tanto que, al menos durante el año pasado, se recibió la visita de una delegación de Honduras y de la UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) para aprender sobre la exitosa experiencia que, desde ya, no estaba exenta de cuestiones a mejorar y perfeccionar.

Desde la Alameda y junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil de todo el país, exigimos al gobierno nacional que restituya el funcionamiento del fondo, cuyo objeto es reparar al menos en parte a un colectivo sumamente vulnerable de nuestra sociedad. De lo contrario se seguirá revictimizando a las y los sobrevivientes de un delito que menoscaba la vida, la libertad y la dignidad.

Con información de La Alameda