Guatemala: Piden 2.860 años de cárcel contra exgeneral
El exmilitar Benedicto Lucas García es señalado de crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada de 70 personas.
La Fiscalía de Guatemala pidió este jueves una pena de 2.860 años de prisión para un general retirado por el exterminio de indígenas en la guerra civil (1960-1996), un segundo proceso por genocidio tras la condena al exdictador Efraín Ríos Montt en 2013.
Al iniciar la fase de conclusiones del juicio, abierto el 5 de abril, la fiscal Mercedes Morales solicitó al tribunal que el general retirado Benedicto Lucas García sea condenado a 30 años de cárcel por genocidio.
También pidió 30 años por crímenes de lesa humanidad y 2.800 años por la desaparición forzada de 70 personas. Pese a las penas solicitadas, la ley en Guatemala establece que una persona solo puede pasar 50 años en la cárcel.
"Se establece que la intención del acusado era la de destruir al pueblo étnico maya ixil, a quienes [las Fuerzas Armadas] consideraron como enemigo interno" durante la guerra, dijo la fiscal sobre el exjefe del Estado Mayor del Ejército.
El militar, de 92 años, es juzgado por su rol en las matanzas de más de 1.200 indígenas acusados de apoyar a guerrilleros entre 1978 y 1982, mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, quien falleció en Venezuela en 2006.
Acusado sigue audiencias desde un hospital
Durante los siete meses del juicio se presentaron documentos militares, informes forenses y el testimonio de sobrevivientes, entre otras pruebas. Se espera que la próxima semana el tribunal dicte la sentencia.
La fiscal agregó que en las operaciones militares hubo "ensañamiento" contra las víctimas, entre ellas "niños, ancianos y mujeres embarazadas". "Luego de ejecutarlos, o aún con vida en algunos de los casos, se les quemó", indicó.
Lucas sigue las audiencias por videoconferencia desde un hospital militar en la capital y el miércoles lucía una gorra con el apellido del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Ahora cumple una condena de 58 años de cárcel impuesta en 2018 por la desaparición forzada de un joven y la violación y tortura de su hermana cuya familia era señalada de "subversiva" en 1981.
Con información de EFE/AFP
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