Sin dialogo entre el Gobierno boliviano y Evo Morales, se cumplen tres días de huelga de hambre

El Gobierno boliviano no dialogará con Evo Morales, que se encuentra en huelga de hambre desde hace tres días, ni con los campesinos cocaleros del Chapare que bloquean la principal carretera del país desde hace 21 días. Según la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el expresidente y sus seguidores no pretenden abordar la crisis política, como aseguran, sino solo anular la inhabilitación de Morales como candidato en las generales de 2025, lo que escapa de las atribuciones del Ejecutivo. El presidente, Luis Arce, ha señalado reiteradamente que esta candidatura “es inconstitucional”. Otros voceros gubernamentales han declarado que no es posible un diálogo mientras los cortes de carretera continúen.

Morales completó su tercer día de huelga de hambre para exigir una negociación política. Ha sumado ahora que se libere a unos 80 campesinos detenidos por la Policía durante las protestas. La fiscalía los acusa de “terrorismo y alzamiento armado” por haber lanzado dinamita a las fuerzas del orden cuando estas abrían las carreteras. Decenas ya han recibido cuatro meses de prisión preventivas. Los abogados evistas han denunciado que no se les permite apoyarlos legalmente y que tienen que conformarse con defensores públicos.

El lunes, las fuerzas policiales desbloquearon un importante corte de ruta en Mairana, que impedía el paso de los vehículos desde Santa Cruz de la Sierra hacia el occidente del país. Los manifestantes no enfrentaron a los 700 policías y militares que los pusieron en fuga con gases lacrimógenos. “¡La Policía Boliviana con su pueblo! Mairana acaba de ser liberada por un operativo conjunto de las fuerzas del orden. Las tareas de desbloqueo continúan en nuestro país y no se detendrán… Estos grupos irregulares no triunfarán contra la Patria”, escribió en X el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo del Castillo, que está a cargo de la represión del conflicto. El operativo dejó 13 detenidos.

La situación de Mairana resultó muy distinta a la del pasado viernes, cuando se produjo una batalla de 13 horas y 67 arrestos en el puente de Parotani, otro punto estratégico que también fue “liberado” por Del Castillo. Los manifestantes muestran el desgaste de un conflicto ya muy largo y su moral ha caído por el llamado de Morales a realizar una “cuarto intermedio”, una suspensión temporal de los bloqueos. El pedido del líder cocalero no fue obedecido, pero la radicalidad de la movilización campesina ha menguado desde entonces. En el Gobierno han interpretado la iniciativa del líder cocalero como una “estrategia” para salvarse de las consecuencias legales y electorales del bloqueo de caminos, que mantiene incomunicadas a las ciudades de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (oeste) , en las que viven 2,8 millones de personas, casi el 30% de la población boliviana.

El aflojamiento de la movilización también ha disminuido la presión de las multitudes chapareñas sobre los cuarteles militares de la región, que concitó atención internacional los días pasados, aunque esta presión no ha desaparecido del todo. Del Castillo informó el domingo de que un solo cuartel continúa “secuestrado”. Su colega de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que el Gobierno procesará a los culpables del asedio a los cuarteles, que impiden que les lleguen provisiones, y de los intentos, que no se concretaron, de apropiarse de sus armas.

La lucha de los leales a Morales no ha logrado prender en otras zonas del país distintas del Chapare, pese a que fue presentada como un esfuerzo contra la crisis económica que sufre Bolivia desde inicios de 2023. Los observadores coindicen en que sus objetivos medulares son la candidatura de Morales, que es resistida por diversas instituciones estatales por orden del Ejecutivo, y el cese de la persecución judicial contra el exmandatario, acusado de un delito de abuso de menores. Según la fiscalía, Morales supuestamente tuvo una hija con una adolescente de 15 años en 2016, cuando era presidente del país y tenía 56 años. Este ha asegurado que “todo es falso” y que, igual que otras acusaciones similares que acaban de ser presentadas en Argentina, donde vivió exiliado en 2020, constituyen un recurso de lawfare, o judicialización de la política, en su contra.