A tres años de los allanamientos a Méndez, no hay fecha de juicio

El juez de Garantías Nelso Aramayo elevó a juicio las causas por delitos económicos contra el exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, y otras diez personas, entre ellas, parientes, profesionales y ex funcionarios municipales, en agosto del año pasado pero, desde entonces, no se puso fecha de inicio por otra pericia contable que se encuentra pendiente.

La Unidad integrada por la fiscal de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, requirió a juicio la causa el 31 de octubre de 2022, un año después de los múltiples allanamientos que se realizaron a las 18 propiedades del exjefecomunal y donde se encontraron millones de pesos y miles de dólares y euros, entre otras cosas.

El motivo de la demora en el pedido de elevación a juicio fue una pericia contable, explicó la Fiscal Salinas Odorisio. Esa área hecha por contadores del Ministerio Público Fiscal demandó casi un año de tareas y, cuando se terminó, se pidió el juicio. El Juez de Garantías se tomó un año para elevarla y, hasta el momento, no hay fecha porque la defensa técnica del exintendente volvió a pedir una pericia ante el tribunal. 

Según confirmaron fuentes judiciales el abogado de Rubén Méndez, Juan Carlos Sánchez, pidió una nueva pericia y los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio presidido por Anastacio Vázquez Sgardelis y los vocales Asusena Vásquez y Soledad Rodríguez avalaron el pedido.

La causa contra Ruben Méndez 

La investigación se inició por una denuncia web realizada por una persona de identidad reservada en septiembre de 2021 en la página del Ministerio Público Fiscal contra el intendente de Salvador Mazza. 

En el marco de la causa se realizaron 18 allanamientos. Como resultado de estos operativos se le secuestraron a Méndez un total de 854.178 dólares; 9.070 euros y 34.342.350 de pesos argentinos. 

Además, se secuestraron dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos que resultaron de interés para la causa.

Méndez está acusado de los delitos de peculado; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; incumplimiento de los deberes de funcionario público; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; fraude a la administración pública, todo en concurso real.

Familiares acusados

En esta causa, la hija de Méndez Salazar, Ivanna Irene Méndez, está acusada por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, como partícipe necesaria, también por integrar una asociación ilícita, todo en concurso real.

También el hijo del exintendente, Roque Maximiliano Méndez, está acusado por enriquecimiento ilícito y peculado en calidad de partícipe necesario, y por integrar una asociación ilícita, en concurso real

Por otra parte, la expareja de Méndez Salazar, Susana Angelita Palacio, está imputada por enriquecimiento ilícito como partícipe necesaria y como miembra de una asociación ilícita, en concurso real.

Mientras que el hermano del ex intendente, Marco Méndez, está acusado como partícipe necesario en delitos de peculado, también en uno de estos hechos en calidad de autor y por haber formado parte de una asociación ilícita, en concurso real.

Además, está acusado el hermano de la pareja actual del exintendente, Jesús Manuel Gijena, por peculado en calidad de partícipe necesario y como miembro de una asociación ilícita, todo en concurso real.

Profesionales y exfuncionarios a juicio

El exsecretario privado del intendente, Oscar Rodolfo Gutiérrez, está acusado por peculado como partícipe necesario, y en uno de estos hechos como autor, y por asociación ilícita, en concurso real.

Mientras que sobre el exsecretario de Hacienda de la municipalidad de Salvador Mazza, Roberto Justo Balverdi, pesan acusaciones por peculado como partícipe necesario y autor, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, en concurso real.

Quien era tesorera, Carolina Antonella Morena, está acusada como partíce necesaria en peculado, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, y asociación ilícita, en concurso real.

La contadora Liliana Cristina Centeno está acusada como partícipe necesaria del delito de enriquecimiento ilícito.

El exsecretario de Obras Públicas, Roberto Orellana está imputado por peculado de servicios y trabajos.