Este jueves se reunieron en Puerto Madryn, los Titulares de los Ministerios Públicos de todo el país y reiteraron el pedio a Nación para impulsar la desfederalización de la Ley 26.052 de narcomenudeo.

“Desde hace años las organizaciones vienen intentando ubicar en la agenda nacional la situación de algunas provincias argentinas sobre el avance de la distribución de drogas en sus territorios. El federalismo es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo”, señala el documento.

En este sentido consideran necesario se amplíe el número de provincias adheridas y la interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “para que mediante la implementación de criterios comunes de persecución penal se logre un eficaz combate contra el narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de droga”, tales como  establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado, evitar la ocupación territorial por los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales.

El escrito también advierte sobre la importancia de un abordaje integral, mediante la creación de un sistema que abarque prevención, asistencia social y punición del fenómeno, profundizando en los conceptos de prevención, disuación, persecución penal y tratamiento del adicto.

“Habremos de propiciar que se construya y profundice a nivel de nuestras organizaciones: 1.- Una verdadera política de prevención, publicidad y desintoxicación con lugares de tratamiento adecuados. 2.- Organización, capacitación y modernización de una policía de investigaciones, cuyos integrantes deben ser meticulosamente seleccionados y bien remunerados. 3.- Una inteligencia criminal institucionalizada. 4.- La organización y cooperación entre todas las autoridades Estatales, Municipales, Provinciales y Nacionales. 5.- Máximoscontroles en puertos y fronteras. 6.- Ataque decidido al lavado de dinero con legislación adecuada”, enumera.

Finalmente, Procuradores y Fiscales solicitan “diálogo efectivo” entre los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación, los poderes ejecutivos de la Provincias adheridas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “definiendo los aportes económicos que se deben asignar conforme las previsiones de la Ley 26.052, aportes que son vitales para una correcta investigación del delito”.