Carlos Zapata ha avivado las internas dentro de La Libertad Avanza al cuestionar la Ley Ómnibus de Javier Milei, calificándola como una "Gestapo de los precios" que afecta a empresas tabacaleras.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el diputado salteño expresó su preocupación por la fiscalización de precios propuesta en el proyecto de ley, afirmando que va en contra de los principios del liberalismo. En este mismo sentido, declaró que varios artículos de la iniciativa fueron incluidos “por sugerencia de algún actor del mercado”, por lo que intentará modificar algunos puntos.

Estas declaraciones han avivado las internas dentro de La Libertad Avanza, que hoy se centran en la disputa entre Javier Milei y Victoria Villarruel por el tratamiento del DNU en el Senado. Sin embargo, la Ley Ómnibus también ha sido objeto de posiciones encontradas dentro del espacio oficialista.

Cabe resaltar que Carlos Zapata ha sido señalado, por el periodista Carlos Pagni, como uno de los legisladores que hacen lobby por Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco". Según esta investigación, el salteño no sería el único, ya que otras figuras políticas también estarían involucradas en gestiones a favor de Tabacalera Sarandí, la empresa señalada. Entre estos nombres, se destacan los de Cristian Ritondo y Diego Santilli, del PRO.

Quién es Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”

Esta disputa no puede entenderse sin conocer quién es Pablo Otero, uno de los empresarios cuyo poder más creció en el país durante los últimos años. Según una investigación publicada en el diario Clarín, la razón del éxito de la Tabacalera Sarandí -que en los últimos años pasó de abarcar el 5% del mercado a más del 30%- se basa en tres patas: una judicial, otra política y otra mediática.

Para sus competidores, las multinacionales British American Tobacco Argentina (ex Nobleza Piccardo) y Massalin, se trata de un empresario con un importante poder de lobby -acá es aparece el nombre de Carlos Zapata- y que evade “millones de dólares” por año. En concreto, lo acusan de subfacturar el precio de sus cigarrillos ante la AFIP y, mediante varias cautelares judiciales, logró pagar menos impuestos y vender sus productos a un precio mucho menor.

Cabe resaltar, en este punto, que el 76,9% del precio de los cigarrillos se explican en impuestos que cobra el Estado, que buscan desalentar su consumo. Por esa razón, el desequilibrio que implicaría la evasión fiscal pondría a Otero en una posición extremadamente ventajosa frente a sus competidores. En este marco, uno de los puntos de la Ley Ómnibus busca modificar los criterios impositivos de los cigarrillos, situación que fue vista con resquemor desde la Tabacalera Sarandí, motivo por el cual decidieron ejercer todo su poder de lobby.

De todas formas, para Otero, el hecho de que se intente promulgar esta ley no es más un intento de impulsar la “ley Massalin”, que daría ventajas competitivas a las empresas multinacionales por sobre los productores del país. Incluso, llegó a declarar a Clarín: “¿A qué funcionario se le ocurriría gravar el IQOS, cigarrillo electrónico, estando prohibido? Es evidente que la ley está redactada por y a favor de Massalin. Eso es comparable a querer gravar la marihuana para cuando se legalice”.

El punto de conflicto tiene que ver con la eliminación del componente fijo del impuesto a los cigarrillos, planteado en la Ley Ómnibus. En concreto, la alícuota del impuesto variable pasaría del 70% al 73%, incluyendo precios de mercado referenciales.

Fuente: Voces Críticas