Legisladores que integran las Comisiones de Legislación General, de Justicia, y de Hacienda y Presupuesto, recibieron al Defensor General de la Provincia y su equipo de trabajo con el objetivo de abordar el proyecto de Ley que promueve la modificación del artículo 51 de la Ley Nº 7.328 - “Ley Orgánica del Ministerio Público”, dotando a nuestra provincia de una legislación más actualizada en la materia.

La reunión estuvo encabezada por los diputados Socorro Villamayor y Luis Albeza, presidentes de las comisiones de Legislación General y de Justicia, respectivamente.

Al comienzo del encuentro, el Dr. Martín Diez Villa, Defensor General de la Provincia, explicó que con esta modificación se busca establecer una ampliación de la percepción de honorarios a fin de consolidar el sistema de defensa pública.

“Estamos atendiendo a la situación socioeconómica del país, ante lo cual, es necesario poder contar con un elemento más para brindar un efectivo servicio de Justicia en la provincia, respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, como así también los tratados internacionales”, indicó Diez Villa.

En este sentido, el Defensor General remarcó que esta actualización a la norma resulta efectiva en diferentes jurisdicciones del país, resaltando las experiencias de las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Neuquén, Chubut, Córdoba y Misiones.

En otro punto, el funcionario aseguró que esta medida no limita o restringe la asistencia jurídica de un Defensor Oficial a personas acusadas de un determinado delito, sino que plantea que, una vez finalizada la actuación de la Defensa Pública, y que la persona que utilizó sus servicios se encuentre en una situación o posea los medios económicos suficientes para costearlas, entonces se deberá proceder al cobro de los honorarios regulados.

“Lo que se busca con este proyecto es eliminar la desigualdad, buscando equiparar jurídicamente a los ciudadanos, como así también considerar la diversidad entre ellos, garantizando a todos el derecho de acceder en condiciones de igualdad a la Justicia. No se busca desalentar que se recurra a la Defensoría Pública por sobre el privado, sino encontrar un nuevo recurso para efectivizar el sistema”, precisó.

Por otro lado, se explicó que los honorarios serán destinados al Ministerio Público Fiscal, permitiendo así mejorar la prestación de servicio atendiendo gastos que conlleva cada proceso judicial, como también la adquisición y mejoras de equipamientos.

Estuvieron presentes los diputados Luis Albeza, Socorro Villamayor, Verónica Saicha, Cristina Frísoli, David Taranto, Gustavo Dantur y Roque Cornejo; y el secretario Legislativo del Cuerpo, Raúl Medina.