Negociación
La referencia, a esta altura de los acontecimientos, explica la presión de los gobernadores sobre los diputados nacionales.
Luego que la Cámara de Diputados a instancias del bloque oficialista volviera a comisión el proyecto de Ley Base -colocándola en una vía muerta-, la figura de mandatarios provinciales emergió como la de los responsables de frustrar las pretensiones del Ejecutivo Nacional. Algunos gobernadores incluso fueron marcados como verdaderos obstructores de acuerdos que ya se habían alcanzado, entre ellos el de Salta Gustavo Sáenz.
Un rápido repaso de lo que viene sucediendo desde que a fines de diciembre pasado se convocara a sesiones extraordinarias para tratar una desmesurada iniciativa, da cuenta que la Cámara de Diputados expresó una amplia voluntad de negociación, imprescindible para un gobierno en posición minoritaria en el cuerpo. Una prueba de ello es que el proyecto logró aprobación en general, aunque advirtiendo desde los sectores que acompañaron a La Libertad Avanza, que se harían ajustes a través de la votación en particular. Fue en ese punto que se interrumpió el avance del tratamiento de la norma y nuevamente la incertidumbre se instaló en el ánimo social.
A través de las redes sociales y en declaraciones periodísticas, los diputados nacionales por Salta explicaron su posición, que en el caso de los legisladores que responden al gobernador Sáenz fue negativo frente a algunas pretensiones del gobierno de Javier Milei que -y solo para citar un ejemplo- anulaban fondos fiduciarios que asisten a los gobiernos provinciales en emergencias fiscales o ante la necesidad de financiamiento de obras públicas.
En un posteo en sus redes sociales el diputado Pablo Outes aseguró que el Presidente no escuchó a las provincias. La vuelta a foja cero del proyecto fue "por falta diálogo", aseguró. Su par Yolanda Vega explicó que “más allá de la buena voluntad, hubo que priorizar los intereses de las provincias”. El diputado de la Libertad Avanza, Carlos Zapata adelantó que el Presidente gobernará con el Decreto de Necesidad y Urgencia, que la Justicia va desguazando. Reconoció que el reclamo de mayores fondos para las provincias estuvo detrás de este fracaso.
Frente a este panorama, el gabinete provincial, que este martes se reunió bajo la conducción del ministro coordinador Sergio Camacho, había fijado como prioridad atender el impacto que generan los recortes que sigue sufriendo la Provincia por parte de Nación por la suspensión de transferencias para programas sociales vinculados con la salud, educación, la atención de niños, adolescentes y familias y seguridad alimentaria. Enero fue un mes muy duro y tras el curso que tomaron los acontecimientos, de inmediato no hay mayores expectativas.
Pero nada está cerrado; queda en pie la necesidad de negociar y así debe comprenderse.
Salta, 07 de febrero de 2024