El gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja y la Casa Rosada no cesan en sus fricciones. Ayer martes el ministro del Interior, Guillermo Francos, le mandó una carta al mandatario peronista para advertirle que su intención de tener una moneda propia es ilegal y para deslizar además que debe cesar en su intención de emitirla.

Además, en esa misiva, desde Balcarce 50 notificaron a Quintela que en caso de continuar con su idea de implementar el Bocade -nombre de la divisa- podría recibir sanciones, como así también que se “extremarán los recaudos” para evaluar si corresponde transferirle fondos a la provincia. Incluso señalaron desde la gestión libertaria que se limitará el otorgamiento de avales para cualquier solicitud de endeudamiento que puedan realizar desde ese territorio.

Con el justificativo de que la Nación le adeudaba a principios de enero 9300 millones de pesos, Quintela consiguió la autorización de la Legislatura riojana para tener una moneda de circulación local que le permitiera pagar sueldos y afrontar con ese instrumento la falta de recursos en la crisis. En su momento, y con cierta ironía, el presidente Javier Milei había celebrado el proyecto del dirigente de Unión por la Patria (UP), pero había indicado que de ninguna manera el Gobierno saldría al “rescate” si no tenía respaldo.

En tanto, Francos activó la carta basada en una nota que le remitió a su cartera el Banco Central, con fecha 25 de enero de este año y con una serie de consideraciones en las que rechazó la emisión del Bocade. El ministro del Interior le dijo a Quintela que, a criterio de la entidad bancaria, la divisa riojana va en contra de dos apartados del artículo 30 de la carta orgánica del Central, mientras que asimismo afecta facultades establecidas en la Constitución Nacional.

“Para el Banco Central la ley 10.703 de La Rioja, mediante la cual se autorizó al Ejecutivo provincial a emitir en formato físico y/o digital bonos de cancelación de deudas hasta la suma de 22,5 millones de pesos crea mecanismos tendientes a obtener la aceptación de los bonos para cancelar obligaciones en forma forzosa, signándole funcionalidades propias de la moneda; y a la vez crea un sistema de premios, intereses u otras modalidades que tiene por finalidad incentivar el ahorro”, señaló Francos.

En esa carta, a la que sumó la información remitida por la entidad monetaria a cargo de Santiago Bausili, el ministro le recordó al gobernador: “El Banco Central solicitó a esta jurisdicción que arbitre lo que corresponda para impedir la emisión y utilización de los bonos, en contravención de su Carta Orgánica y las citadas disposiciones de la Constitución Nacional”.

En base a esas consideraciones del Banco Central, Francos refirió en su escrito que se veía “en la obligación” de informarle al gobierno riojano que la ley que habilita la emisión del Bocade viola el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al que la provincia está adherida. A eso lo ancló en el apartado de esa normativa que establece: “Los gobiernos provinciales y de la Ciudad tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. Los gobiernos provinciales y la Ciudad se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.”

Sanciones y límites a las transferencias

Entonces, el funcionario que está encargado de la relación con los gobernadores le informó a Quintela que puso en conocimiento de la situación al Ministerio de Economía, de Luis “Toto” Caputo, para que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal analice las sanciones que pudieran corresponderle a su gestión por esta decisión de generar un instrumento local.

Por su parte, Francos adelantó que él mismo extremará los recaudos para “evaluar la viabilidad” de las transferencias presupuestarias desde la Casa Rosada a La Rioja que no se originen de impuestos nacionales coparticipables, que son los que se envían con transferencias automáticas. Esto se da justo en plena disputa con los gobernadores por cómo el ajuste implementado desde Balcarce 50 afectará la capilaridad en el giro de fondos, cuando en medio del debate de la ley ómnibus se dio de baja el capítulo fiscal.

“Asimismo se limitará el otorgamiento de avales a las solicitudes de endeudamiento que pudiera formular la provincia”, cerró el funcionario su carta, en un momento en que el financiamiento del territorio de Quintela -que en su momento amenazó con renunciar su asumían los libertarios- es el principal problema que afecta el vínculo, porque hasta el propio Presidente lo acusó al gobernador de gastar más de lo debido. Todo esto en medio del conocido antagonismo ideológico entre ambas administraciones.

La Nación