Revocan arresto domiciliario a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario y otros cuatro involucrados en la causa
En el marco de la investigación por presunta corrupción en el Servicio Penitenciario, la fiscal de Impugnación en feria, Karina Holmquist Moreira fue notificada acerca de la decisión del Juez Pablo Mariño de revocar parcialmente el arresto domiciliario concedido a cinco funcionarios de dicha institución y a otros cuatro individuos vinculados con la investigación en curso. La medida comprende a cinco funcionarios del Servicio Penitenciario, destacando la presencia de tres jefes. Además, se encuentra la madre de un individuo privado de la libertad, quien se presume desempeñó un papel crucial en la fragmentación y entrega de sustancias estupefacientes a un guardia carcelario. Sumado a esto, se identifican otras tres personas que habrían llevado adelante roles significativos dentro de la organización bajo investigación.
La decisión sobre otras cuatro mujeres imputadas en la causa, es que permanezcan bajo arresto domiciliario.
En su escrito, el magistrado recomienda que, dado que la prisión preventiva afecta a personal penitenciario encargado de la custodia de los internos en el penal de la UUC Nº 1, el Tribunal de origen debe tomar las medidas con el propósito de prevenir posibles afectaciones a la integridad física de los encausados. Sugiere su reubicación en una dependencia donde no tengan contacto con los internos ni con sus colegas de trabajo. En caso de no ser posible, se recomienda su alojamiento en alguna dependencia bajo la jurisdicción del Gobierno Federal. Asimismo, se insta a aplicar estas mismas precauciones para los acusados civiles.
La medida obedece a la presentación de un recurso de apelación presentado por parte de la Unidad Fiscal, conformada por el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Santiago López Soto. Este recurso fue reiterado, planteando en la decisión adoptada de conceder el arresto domiciliario, un riesgo potencial de entorpecimiento durante la fase inicial de la investigación, incluso antes de obtener las declaraciones de posibles testigos. Esto resulta esencial para el desarrollo adecuado del proceso judicial, ya que se busca garantizar que las declaraciones se realicen sin temores ni presiones, preservando así la integridad del testimonio y contribuyendo a una resolución justa de la investigación.