Puja
No solo el gobierno de Javier Milei depende de la ley que determina las líneas básicas de su gestión. También el gobierno de Gustavo Sáenz está atado a lo que decida el Congreso, al igual que el grueso de las provincias, no importa su sustento político.
Más allá de las particularidades de cada gestión, hay puntos en común que pone a todos los mandatarios ante la necesidad de plantear los mismos requerimientos. Sus posiciones de fuerza -sin mayores posibilidades de sacar ventajas- se suman para lograr torcer una posición que se pretendía desde el Ejecutivo Nacional que sea innegociable.
En la apertura de una semana crucial para imponer un orden político a un gobierno de apenas un poco más de 40 días en el poder, están definidas las cuestiones fundamentales sobre las que debe construirse un consenso. La desmesura de un proyecto de ley con más de 600 artículos concentró críticas pero no fue un impedimento para un trabajo que ha llevado a que un oficialismo, sin fortaleza parlamentaria, tenga grandes chances que su propuesta sea aprobada.
Un amplio sector de la oposición expresó su apoyo a un 80% del texto normativo pero la irreductibilidad de su rechazo al 20% restante obliga a continuar con las negociaciones que no cesaron durante el fin de semana. Precisamente, diez gobernadores de la UCR y el PRO, este domingo impusieron de sus demandas a los interlocutores del gobierno nacional. Se trata de cuestiones en las que coinciden con sus pares de partidos provinciales e, incluso, del peronismo que fue derrotado en el balotaje de noviembre.
Se sintetiza, en principio, en tres puntos sobre los que no han logrado señales de que serán acordados, luego que las conversaciones previas -de las que también participó un tercer bloque de relevante representatividad- les aseguró una reformulación del proyecto original de Bases y Punto de Partida para la Libertad de la Argentina en un centenar de artículos.Se trata de disposiciones que pretenden que sean revertidas porque están poniendo el mayor peso del ajuste fiscal sobre las provincias y los jubilados.
Las retenciones a las economías regionales, la compensación a la caída de la coparticipación por la quita de Ganancias a la cuarta categoría que definió Sergio Massa cuando era ministro de Economía y la eliminación de la fórmula de ajuste de las jubilaciones dándole poder discrecionalidad en su formulación al Presidente de la Nación son cuestiones que siguen reclamando los gobiernos provinciales. Ello luego que se lograra acuerdo para modificar otras pretensiones libertarias, como la reducción de la emergencia, la eliminación de varias empresas, entre ellas YPF, del listado de las que se van a privatizar y el aumento del corte de biocombustibles, entre otros cambios.
A gobiernos como el de Salta les urge también poner a resguardo el alcance del ejercicio de la propiedad sobre sus recursos naturales pero, de inmediato, recuperar sus ingresos. Esta semana, los empleados provinciales esperan recibir la oferta salarial en el marco de las paritarias, pero también hay que reactivar obras públicas y tener certezas respecto de disponibilidades para la prestación de servicios esenciales.
La puja, de todas maneras, tiene límites. Y no son solamente temporales.
Salta, 22 de enero de 2024
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