Se acerca el 24 de enero y la discusión en torno al paro convocado por la CGT crece. Desde el gobierno nacional ya advirtieron que descontarán el día a los trabajadores que adhieran a la medida, mientras, desde los sindicatos señalan a la Administración central por atentar – de este modo – contra el derecho constitucional a la huelga. 

Entonces, ¿es legal o legítima la actitud de Nación?

“La huelga es una instancia de lucha de los trabajadores. Frente a la imposibilidad de ser escuchados en sus reclamos y satisfechos, tienen que llegar a esta instancia donde no hay otra salida que la acción directa”, sostuvo – en Hablemos de Política – el abogado especialista en derecho laboral Guillermo Martinelli. 

Explicó, además, que el derecho a huelga está consagrado constitucionalmente y que este fue producto de la lucha larga e histórica de los argentinos. Sin embargo, señaló, desde su validación constitucional uno de los puntos más discutidos es si la facultad de hacer huelga conlleva el hecho de que la patronal deba abonar los salarios caídos. 

“Es consecuencia de la lucha. Quien soporta la huelga tiene que respetar el derecho de huelga; ahora, la empresa, en este caso el Estado, ¿tiene la obligación de pagar los salarios caídos? En principio, jurídicamente, tengo que decir que no está obligada a pagar. En la lucha está el reclamo por la legitimidad de la acción y de que los salarios caídos sean pagados, justamente”, desarrolló el especialista.

A modo de ejemplo, Martinelli recordó que en la última huelga docente salteña uno de los puntos de negociación fue el pago de los días caídos y que, en definitiva, la Provincia terminó pagando. 

“¿Pero por qué los pagó? Porque el reclamo de los docentes era válido y legítimo. En consecuencia, la actitud del gobierno de no hablar con los docentes prolongó la huelga porque, efectivamente, después de hablar se levantó la huelga. La conquista de los trabajadores debe hacérsela valer en este tipo de mediaciones”, indicó el abogado. 

Concluyendo, Martinelli consideró que le huelga del 24 de enero presenta un modo particular; se trata de un paro con movilización, es decir, un paro activo. 

“Técnicamente, la patronal no tendría que pagar, pero, por la legitimidad del reclamo es que debe pagarse”, sentenció.