El Gobierno envió al Congreso la reforma del Estado: tiene 664 artículos, 183 páginas

En su capítulo II del Título I, el texto, al que tuvo acceso Clarín en exclusiva, declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y establece que "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años".

En el Título II, referido a la "Emergencia y reorganización administrativa", el proyecto le otorgar al Ejecutivo la potestad de "implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración pública nacional, mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas prestablecidas".

Y también lo habilita a "centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente, órganos y entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferirlos a las provincias, en los casos que corresponda, previo y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente.

Asimismo, el Ejecutivo también podrá intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales".

En el capítulo II de ese título, el proyecto declara "sujeta a privatización" a "las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal".

En el capítulo III, relativo a los "Trámites a distancia y digitalización" se fija que "todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos".

El envío había sido confirmado este miércoles por la mañana por el vocero Manuel Adorni. "Incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral", había precisado en conferencia de prensa.

Lo hizo en la habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, donde sostuvo que "el norte" de estas reformas "está puesto en la libertad de cada uno de los argentinos".

A las 14.28, la Oficina de Presidencia publicó una foto del proyecto de ley, con la caja que usarán para presentarlo en el Congreso.

Antes, el portavoz añadió que "esto va a quedar en manos del Poder Legislativo" y apuntó que "los diputados y senadores deberán elegir entre la libertad, a terminar con esta decadencia que no es responsabilidad solo de un gobierno y son décadas de frustración y fracaso, o si colaboran con volver al camino de la libertad".

Adorni volvió a poner el foco en la decisión de los legisladores. Ya lo había hecho al referirse al inicio de las sesiones extradordinarios en el Congreso. En esa oportunidad, sostuvo que los diputados "deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda".

"Esta semana se inicia el proceso legislativo. El proyecto de ley de reforma del Estado va a iniciar su proceso legislativo en lo inmediato, y tiene que como objetivo liberar a los argentinos del peso del Estado que tanto daño nos ha hecho a todos. Esto atañe a la responsabilidad de diputados y senadores, que esperamos que acompañen lo que votó la gente", había advertido Adorni.

En esa misma conferencia dijo que en el Gobierno apelaban "a la buena voluntad (de los legisladores) y que estén a la altura de las circunstancias".

El mensaje a los legisladores se sumó al cuestionamiento que había hecho Milei en la noche del martes, cuando acusó a diputados de demorar el tratamiento en el Congreso para buscar "coimas".

En medio de los cuestionamientos que esas declaraciones encendieron en la oposición, Adorni intentó bajarle el tono a la polémica y dijo que "el Presidente no hacía referencia a nadie en particular sino que hablaba de una situación general" en la que, según precisó, intentan "evitar que la ley o el propio DNU entre en una senda donde se negocien beneficios particulares o a sectores particulares".

"Cuando haya alguna identificación de algún pedido de soborno o coima, obviamente es una obligación legal de todos los funcionarios denunciar cualquier acto de corrupción y así lo hará el Presidente en caso de que eso ocurra", dijo Adorni.

Clarín