El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, declaró la nulidad de cuatro artículos del decreto 1206/2016, firmado por el expresidente Mauricio Macri, que permitía que familiares de funcionarios públicos ingresaran al blanqueo de activos. La sentencia sostiene que este decreto representó "un exceso en la reglamentación de la ley" al otorgar un beneficio no previsto inicialmente por el Congreso.

Este decreto permitió que los familiares de los funcionarios públicos pudieran acceder al régimen de sinceramiento fiscal, a pesar de que el Congreso los había excluido expresamente cuando sancionó la norma. La resolución judicial es resultado de una demanda colectiva promovida por la asociación civil Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS).

El juez Cormick fundamentó su decisión argumentando que la reglamentación de la ley invadió la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria, destacando la importancia de la separación de poderes en una democracia.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó un escrito en el que anticipaba que, en caso de impugnarse el decreto, estaría habilitada para exigir a los contribuyentes involucrados el pago de todos los impuestos adeudados, incluyendo Ganancias, IVA y Bienes Personales. Fuentes oficiales informaron que la AFIP está trabajando en la elaboración de una lista de los familiares que se beneficiaron del blanqueo de capitales para presentarla ante el juzgado.

Para comprender la magnitud de esta sentencia, es importante remontarse a mediados de 2016, cuando el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de blanqueo fiscal con el objetivo de incentivar la repatriación de dólares al país. Inicialmente, el oficialismo buscaba incluir a los familiares de funcionarios en la norma, pero la oposición logró excluir esta posibilidad. El resultado fue el mayor blanqueo de la historia argentina, con distintas tasas impositivas según el monto de los activos a blanquear.

Sin embargo, una vez sancionada la ley, el entonces presidente Macri emitió un decreto para revertir esta exclusión, desatando una gran controversia política y legal. Diputados del Frente para la Victoria (actualmente Unión por la Patria) y la entonces legisladora Victoria Donda promovieron denuncias penales contra Macri por esta acción, argumentando que era inconcebible que el Poder Ejecutivo hubiera modificado la reglamentación de la ley aprobada en el Congreso, la cual establecía claramente que los familiares de funcionarios públicos no podían participar en el proceso de blanqueo de capitales.