Buscan descentralizar el Certificado de Supervivencia para jubilados en Salta
Se trata de una medida paliativa en Salta para que otros estamentos estatales puedan extender Certificados de Supervivencia, facilitando el cobro de jubilaciones provinciales. En el Congreso de la Nación se espera que Diputados analice en el recinto su eliminación definitiva.
En abril, la cámara de Senadores de la Nación dio media sanción al proyecto que quiere eliminar el trámite del fe de vida para jubilados, lo giró a Diputados que aún no lo trató en el recinto.
En Salta, el Senado dio media sanción al proyecto que busca facilitar, a otros estamentos estatales, la emisión de Certificados de Supervivencia a efecto de facilitar el cobro de jubilaciones de la provincia, una medida paliativa que, según el escrito, perderá vigencia cuando “la normativa nacional elimine la exigencia del certificado de supervivencia para el cobro de los haberes de beneficiarios de jubilaciones y pensiones”.
“A través de esta ley absurda, como yo la califico, se exige a personas de 80, 90, 100 años a tener que ir todos los meses a decir que está viva, en una función inherente absolutamente del Estado”, expresó el Senador autor del proyecto, Esteban D Andrea, quien además consideró un “absurdo mayor que mientras más edad tienen, más veces tienen que ir”.
El legislador señaló que si bien hubo variantes como la eliminación del requisito en las cajas provinciales de profesionales, reunión con autoridades del ANSES, como así también opciones de algunas entidades bancarias para certificar supervivencia con el uso de la tarjeta de débito, resultaron insuficientes.
“Los tiempos de la política indudablemente parecen en algunos casos no ser los de la gente lo que necesitan. Más allá de que de un total de más de 7 millones de jubilados ya hay alrededor de 3 millones que, a través de flexibilización de los bancos, han dejado de cumplir con estos requisitos, hay más de 4 millones que todavía lo tienen que hacer. Resulta más difícil de entender para algunos, que hay gente que no tiene el acceso a este tipo de posibilidades”, manifestó.
D Andrea remarcó que “es un paliativo” para los jubilados “hasta tanto el Congreso de la Nación a través de su Cámara de Diputados de la Nación, puedan determinar que esta modificación a la ley 26.704 quede efectiva”.
A su turno, el Senador por Cachi Walter Wayar, apuntó contra “un Estado que no está presente en la realidad cotidiana de la vida de la gente” y criticó la ley existente.
“Cuando un Estado no está presente en la realidad y en las cosas cotidianas de la vida de la gente, cuando escuchamos decir que la tecnocracia es lo que te hace un gobierno eficiente. Es una vergüenza que tengamos que estar tratando una ley que encima es del ámbito nacional”, dijo y agregó “hay un cerebro iluminado en el obelisco que dijo que si vos no decís que estás vivo lo pueden estafar al Estado, entonces para que no lo estafen al Estado vos tenés que gastar lo que no tenés para ir a decir a algún lugar que estás vivo”.
El proyecto original recibió dos modificaciones antes de su aprobación, del artículo 1 se quitó a jueces de paz y escribanos públicos, como figuras de aplicación dejando sólo a responsables de establecimientos del servicio provincial de salud, intendentes y secretarios municipales, y agentes sanitarios para personas residentes en su ámbito de actuación y con la firma de dos testigos del lugar.
Mientras que del articulo 3 se quitó el límite de 180 días de vigencia de esta normativa provincial hasta que “la normativa nacional elimine la exigencia del certificado de supervivencia para el cobro de los haberes de beneficiarios de jubilaciones y pensiones”.
Recibió media sanción y pasó al Diputados, en revisión.
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