Sin subsidios y con un panorama incierto respecto de recuperar recursos para atender el funcionamiento del transporte masivo de pasajeros, el gobierno provincial propuso repetir el modelo metropolitano en todo el territorio.
Opinión 02/05/2024
A través de un proyecto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados se modifican las disposiciones de la ley que regula la prestación y amplía las facultades de la AMT.
El debate que se suscitó en la última sesión del cuerpo se centró en las condiciones de un servicio público esencial, que refleja en sus falencias las desigualdades de una provincia, con una Capital que centraliza buena parte de los beneficios de las políticas públicas. El concepto de federalismo todavía no ha logrado salir del discurso y convertirse en acciones que eliminen asimetrías del interior es lo que se concluye de las intervenciones de los diputados, que le dieron razones a los propósitos expresados en los fundamentos del proyecto.
La ley que se está modificando data de 2001 y los cambios propuestos apuntan a mejorar el servicio de transporte público de la provincia con una perspectiva federal, según expresara la miembro informante y titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja, Patricia Hucena. Desde la oposición, sin embargo, advirtieron que el articulado no asegura precisamente ese carácter a las reformas que se disponen.
El proyecto modifica 4 artículos de la ley provincial 7126, a fin de replicar el modelo del Área Metropolitana de la Capital, consistente en la generación de regiones para la prestación del servicio de corta y media distancia. El objetivo es la mejora optimizando los recursos involucrados en su desarrollo.
En el mensaje que acompañó el proyecto, el Poder Ejecutivo describió el contexto de emergencia del sistema actual, reflejado en la ecuación económico-financiera alarmante que presentan las empresas, el riesgo existente del colapso y la pérdida de los puestos de trabajo en el área. Esas consideraciones fueron confirmadas por las enfáticas intervenciones de los legisladores de distintos departamentos, quienes también pusieron de relieve desigualdades respecto del servicio del área metropolitana.
En ese orden, el debate resultó revelador porque los diputados coincidieron en marcar las deficiencias que condenan a los habitantes del interior a transportarse en condiciones limitadas. Algunos de ellos destacaron que los recursos -especialmente los provenientes de los subsidios- solo se vuelcan en la Capital y los departamentos colindantes y mientras esa región cuenta con los beneficios de un servicio apropiado en calidad y costo, el resto de la provincia debe usar incluso sistemas alternativos, sin condiciones mínimas de confort, continuidad ni seguridad.
Desde la oposición se cuestionó que se excluya a los municipios, que tienen la potestad sobre el servicio, de la toma de decisiones, por lo que en definitiva el enfoque de la reforma no tiene carácter federalista. Los voceros de esta posición fueron capitalinos por lo que sus cuestionamientos no cosecharon suficientes adeptos como para torcer la voluntad del Ejecutivo, acompañada incluso por quienes padecen la marginación del centralismo.
La regionalización aparece como una salida, aunque es una simplificación de un problema más complejo porque el servicio de Saeta fue señalado como una opción ante la nada o lo peor.
Salta, 02 de mayo de 2024
Con un nuevo tono se reactivó el Norte Grande. El Parlamento de la región reunió a su Junta Directiva, que integran los vicegobernadores de las 10 provincias miembro y fijó para abril el primer plenario del año. La premisa que se fijó fue la del diálogo para construir consensos, en momentos en que las estructuras políticas tradicionales se están derrumbando.
Comienza una semana que está atravesada por dos cuestiones íntimamente relacionadas, aunque se expresan en ámbitos diferentes.
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La ratificación del gobernador Gustavo Sáenz de los principios básicos de la política ambiental de su gobierno no es casual.
El avance del año obliga a intensificar la adopción de medidas para adecuarse a una situación que va complicándose progresivamente. Municipios, provincias y la Nación acomodan sus cargas, advirtiendo que la resolución de los problemas depende de cada jurisdicción en mayor medida.
La salida de la crisis es a través de un pacto de gobernabilidad. Debe contener las aspiraciones y los límites de las partes que actualmente son protagonistas de una riesgosa confrontación.
En Aries una abogada especializada en material previsional brindó recomendaciones a empleados públicos de cómo actuar ante presiones para jubilarse o acogerse a una moratoria.
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