Se repite este jueves una película que ya se vió.
Universidad pública
Haciéndome eco de los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo en el que participan todas las universidades públicas nacionales, quiero compartir algunas reflexiones acerca de la delicada situación que se vive en las altas casas de estudios a raíz de las decisiones políticas del actual gobierno nacional.
Opinión 01/04/2024 Juan Manuel UrtubeyEl presupuesto con el que trabajan las universidades nacionales fue elaborado en Septiembre de 2022, hace más de un año y medio. La inflación acumulada desde entonces es del orden del 300 por ciento, como bien señala el titular del consejo al que hice referencia.
Las consecuencias de esto se empiezan a evidenciar de diversas maneras, que van desde recortes en limpieza y seguridad hasta restricción en la cantidad de materias en las que se pueden inscribir los alumnos y la reducción de la oferta académica de grado y pregrado.
Los hospitales que dependen de las universidades sufren en mucho mayor medida esta crisis, sabido es que, en lo que respecta a insumos y gastos de funcionamiento del área de salud, las suba de costos ha sido aún mayor a la inflación a la que hice referencia.
En prácticamente todos los casos, las áreas de investigación, ciencia y tecnología son las más castigadas por políticas de ajuste que se llevan adelante desde el gobierno nacional.
La previsión más optimista de quienes tienen la responsabilidad de administración de estas casas de estudio es llegar hasta mitad de año y la necesidad presupuestaria estimada para todo el año es de casi el triple de lo asignado.
“Cuidemos lo que funciona”, es el lema del petitorio lanzado por la Universidad de Buenos Aires rechazando el ajuste. El espíritu es plantear la necesidad de cuidar algo que funciona, dicen.
Las consecuencias de este tipo de políticas de ajuste indiscriminado, donde lo que habitualmente más se ajusta es la inversión en áreas vitales, puede tener un efecto devastador, toda vez que, en la Argentina, como bien lo plantean, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico.
En el documento “Situación crítica en las universidades públicas”, el Consejo Interuniversitario Nacional, advirtió que de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones educativas.
Frente a esta realidad (sigue el documento), este Consejo sostiene la necesidad de: a) incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión; b) actualizar los salarios de docentes y nodocentes; c) dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y d) garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.
A pesar de no estar incluido entre los 10 puntos sobre los que el Gobierno nacional plantea la necesidad de un Pacto Nacional, debemos entender que la Educación debe ser prioridad absoluta y no puede ser variable de ajuste bajo ningún concepto.
La salida de la crisis es a través de un pacto de gobernabilidad. Debe contener las aspiraciones y los límites de las partes que actualmente son protagonistas de una riesgosa confrontación.
Una recargada agenda ocupa a los gobernadores en este tiempo. Especialmente buscan formas de financiar su gestión pero también construir una relación conveniente con el gobierno nacional. Estos objetivos los obligan a encarar gestiones individualmente, a participar de gestiones con distintos grupos de sus pares o responder a convocatorias desde la Presidencia.
El ajuste de tarifas de servicios esenciales se ha constituido en una de las preocupaciones más importantes de gobierno y empresas.
A pocos días de iniciado, es complejo el panorama del año lectivo en la Provincia. Al tradicional conflicto de orden salarial que suele insinuarse en la apertura de las clases, en este año concurren cambios de reglas de juego que impactan de lleno en el financiamiento de actividades esenciales.
Entre la necesidad de transparentar el uso de ingentes recursos y el abandono de tareas sensibles por parte del Estado, se ubica la decisión de cerrar el INADI. El gobierno asegura que no se abandonará la lucha contra la discriminación, pero esencialmente se encarará desde la educación.
El ministro Roberto Dib Ashur discrepó con la mirada del gobierno libertario de la obra pública la cual paralizó.
Jorge Villazón apuntó contra el modelo privatista de Juan Carlos Romero y su apoyo a la Ley Bases, réplica exacta de lo ocurrido durante su primera gestión como gobernador de Salta.
Empleados públicos: “No están obligados a jubilarse si no tienen la edad y los aportes”
En Aries una abogada especializada en material previsional brindó recomendaciones a empleados públicos de cómo actuar ante presiones para jubilarse o acogerse a una moratoria.
Con la premisa de mantener la seguridad, buscan brindar un espacio a motociclistas que realizan stunt
Salta 10/05/2024Más de 100 personas practican este deporte. Desde Tránsito y Seguridad Vial buscan evitar que lleven a cabo esta destreza en las calles de la Ciudad y se les ofreció el Autódromo Martín Miguel de Güemes para entrenar y competir.
Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento rechazó el pedido de destitución contra dos jueces del Tribunal de Impugnación
Judiciales 10/05/2024El jurado de enjuiciamiento de magistrados, por unanimidad, rechazó la denuncia contra los jueces del Tribunal de Impugnación, Rubén Arias Nallar y Luciano Ignacio Martini.