Se destacó en Diputados el encarcelamiento de un ex intendente condenado por delitos de corrupción. No es una situación frecuente pese a la cantidad y gravedad de causas similares que en la Justicia se acumulan sin resolución.
Opinión 27/03/2024
El jueves último el Tribunal de Impugnación confirmó la condena a seis años de prisión impuesta a Manuel Cornejo, exintendente de Campo Quijano, por el delito de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario. A seis meses de que fuera juzgado y condenado, seguía en libertad pese a que en el marco de la causa iniciada en 2020 por su sucesor en el gobierno comunal, había pruebas contundentes de las irregularidades cometidas en la última de sus sucesivas gestiones. La apelación presentada en contra de la condena la tramitó en libertad pero en cuanto se produjo el rechazo, fue trasladado al penal de Villa Las Rosas.
Esta circunstancia reactualizó la situación de intendentes, alrededor de una docena en la última década, algunos de los cuales ya han sido condenados; otros están a la espera que se fije fecha de juicio. Un caso es el del ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, quien -junto a otras otras diez personas- está acusado de enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Al respecto, desde el Ministerio Público Fiscal se hizo notar que se sigue aguardando que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije la fecha de inicio de juicio, que fuera requerido en octubre de 2022 y dispuesta su elevación en julio de 2023. La demora no se condice con el perjuicio generado a Salvador Mazza, que se estimó al momento de abrir la causa en unos 250 millones de pesos a valor de 2021.
Hay otros casos resonantes que tienen aristas inquietantes porque demuestran que la legislación vigente no es suficiente para una resolución oportuna que evite, por ejemplo, que los acusados vuelvan al escenario de sus delitos. En ese orden puede mencionarse a Julio Jalit, denunciado por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y peculado, entre otros delitos como intendente de Pichanal. En julio pasado se integró el tribunal que debe juzgarlo junto a otras nueve personas pero no se fijó fecha de audiencia y uno de sus vocales renunció; es Edgardo Laurenci, acusado de dejar escapar a un sicario. Dos meses antes, Jalil ya se había asegurado nuevamente el ejercicio de la intendencia, cargo que lleva adelante sin estridencias.
Un poco más de ruido hace el intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, imputado por el desvío de fondos públicos girados por el gobierno nacional. La causa se abrió cuando estaba blindado por los fueros de senador. Sin agotar la nómina de acusados vale sumar al intendente de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, quien fue elegido pese a que tiene en suspenso un juicio por robo y privación ilegítima de la libertad cuando ocupaba una banca en Diputados.
La referencia en la Cámara baja no hizo mayores señalamientos, ni siquiera que hace una semana dio media sanción a una reforma de la ley de ficha limpia que está vigente desde 2021 para ir bajando la corrupción en la administración pública. No sirve aun para ese propósito ni para acercar la política a la gente.
Salta, 27 de marzo de 2024
Comienza a transcurrir el tiempo de definir acuerdos. Tanto la Nación como las Provincias deben construir consensos que no pongan en riesgo la pretensión del gobierno de Javier Milei de eliminar el déficit fiscal y reducir la inflación y eviten que los gobernadores caigan en el riesgo de no poder pagar sueldos.
Por el peor sendero, la educación transita tratándose de ubicarse en el centro de la atención de la sociedad.
La Iglesia Católica inicia hoy un tiempo litúrgico que puede alcanzar gran intensidad en un país que está debatiéndose en una gran crisis. Luego de la visita del presidente Javier Milei al Papa, se espera que pueda escucharse con mayor fuerza su mensaje, centrado este año en la libertad.
El dengue se coló en la puja entre Nación y Provincias y permitió que se marquen responsabilidades que el poder central trata de eludir. Ocurrió en la primera reunión del Consejo Federal de Salud del gobierno de Milei.
Los últimos acontecimientos en la ciudad de Rosario pusieron al tope de la agenda pública el crecimiento del narcotráfico. Pese a que no es una situación novedosa ni limitada a esa ubicación geográfica, concentró la atención ciudadana y permitió que también se habilitara el análisis de la situación en una provincia fronteriza como la de Salta.
El gobierno nacional cierra la semana ocupado en resolver el ajuste de las jubilaciones y pensiones. Lo hará por decreto entendiendo que se trata de una cuestión que no puede seguir esperando una resolución y lo llevará adelante en los términos que había sido planteado en el proyecto de ley ómnibus que naufragó en el Congreso. La decisión fue inscripta en el marco de confrontaciones frecuentes del Presidente con el Congreso.
El nuevo punto fijo se ubica en el CIC de Solidaridad donde se brindará además vacunación antirrábica y desparasitación. El Intendente Emiliano Durand señaló que busca "descentralizar los servicios".
En total se llenaron 60 camiones con residuos y se retiraron árboles y arbustos con riesgo de caída o que provocaban obstrucciones viales. Próximamente se colocará un alambrado para delimitar el perímetro de la vivienda con la vereda.
El martes de la próxima semana, la totalidad de los empleados públicos provinciales cobrarán el sueldo correspondiente a abril con un incremento salarial del 9%. Además, se anunció el pago del medio aguinaldo el 19 de junio. El Fondo de Incentivo será analizado en mesas técnicas.
Autoridades salteñas se reunieron con la Directora de la Agencia de Desarrollo Francesa de Buenos Aires para analizar la posibilidad de que este organismo francés contribuya con el financiamiento de proyectos hidrogeológicos en la Provincia.
Tras recibir la propuesta salarial del Gobierno, en unanimidad los representantes gremiales anunciaron el estado de alerta y movilización. Además de una campaña informativa y de concientización.