Organizaciones sociales de Jujuy denunciaron una "causa judicial armada"

El Pais 18 de julio de 2022
Fue después de que un juez ordenó 16 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones a raíz de datos conseguidos por infiltración de grupos de trabajo en las movilizaciones.  
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Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos denunciaron este lunes que el Poder Judicial de Jujuy ordenó a las fuerzas de seguridad de la provincia conformar "grupos de trabajo" para "infiltrarse" en una movilización realizada el 1 de abril último.

Además, las organizaciones anunciaron que este martes se movilizarán desde las 10 por la capital provincial en repudio de ese accionar judicial, en el marco de una causa por asociación ilícita, que reclamaron que sea cerrada.

La convocatoria fue anunciada este lunes por los referentes de las agrupaciones en la plaza Belgrano, donde definieron como "gravísimo" lo ocurrido, en alusión a la "infiltración de la policía en las movilizaciones" con el objetivo de obtener "detalles del funcionamiento de las organizaciones sociales y políticas".

El 6 de julio pasado el juez de Control Rodolfo Fernández, a pedido del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, ordenó 16 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales por presunta asociación ilícita.

Durante esos operativos se secuestró documentación, celulares y equipos informáticos, entre otros objetos.

“Realizaron tareas de inteligencia desde comienzo del mes de abril para identificar a sus referentes con un accionar ilegal y persecutorio que vulnera de forma flagrante derechos humamos y democráticos básicos”, dijeron en un comunicado difundido este lunes.

Las organizaciones convocadas recordaron que “las tareas de inteligencia solicitadas por el poder judicial ocurrieron inmediatamente después que (el gobernador) Gerardo Morales en el inicio de las sesiones ordinarias tildara a los referentes de organizaciones sociales como delincuentes”.

"Es muy grave que acusen a organizaciones sociales como asociaciones ilícitas. Nosotros ya habíamos sufrido el accionar ilegal de la inteligencia durante el Gobierno de (Mauricio) Macri, como cuando fuimos a Esquel a solidarizarnos con la familia de Santiago Maldonado a pocos días de haber desaparecido", reflexionó la diputada de izquierda Myriam Bregman, quien participó de la conferencia de prensa.

Por su parte, el diputado nacional Alejandro Vilca pidió el respaldo a las centrales sindicales y les reclamó que "rompan la tregua con el gobierno y convoquen a un paro provincial y movilización para poner un freno a esta avanzada".

Las organizaciones denunciaron que tras "el armado" de la causa, "el fiscal no cuidó ni las formas con palabras que hicieron recordar épocas oscuras y el juez en lugar de rechazar in limine semejante pretensión le dio apoyo”.

"Este hostigamiento está generando miedo a los compañeros. No solo por ese día sino por la constante estigmatización que hay hacia nuestras organizaciones donde concurren niños y niñas por un plato de comida. No estamos trabajando tranquilos", dijo a Télam el referente del Movimiento Popular Nuestra América Gonzalo Maurín.

La movilización de este martes será a nivel provincial para exigir "el cierre inmediato de la causa, la derogación del Código Contravencional y por el cese de persecuciones y la criminalización de la protesta social".

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