Victoria López Núñez
El Senado de la Nación aprobó este jueves dos proyectos destinados a promover inversiones productivas y ambientales: el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y la creación de un marco regulatorio para el mercado de carbono, impulsado por la senadora salteña Flavia Royón.
Ambas iniciativas recibieron un amplio respaldo legislativo y ahora deberán ser tratadas por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, impulsado por el senador radical Eduardo Vischi, fue aprobado con 60 votos a favor y dos en contra.
La propuesta establece beneficios fiscales para proyectos productivos de al menos 12 millones de dólares, con el objetivo de estimular la inversión, fortalecer las economías regionales y generar empleo.
Entre los incentivos se encuentran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA.
Además, contempla estabilidad tributaria durante 30 años y exige que las empresas incorporen proveedores nacionales en al menos el 20% de las contrataciones alcanzadas, siempre que exista oferta local competitiva.
El segundo proyecto, promovido por Flavia Royón junto con otros legisladores, busca establecer reglas para la comercialización de créditos de carbono en Argentina.
Estos créditos se generan mediante proyectos que reducen o capturan gases de efecto invernadero, como la reforestación, las energías renovables y determinadas prácticas agropecuarias sustentables.
La iniciativa contempla la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), destinado a garantizar la trazabilidad de las operaciones y evitar que una misma reducción de emisiones sea contabilizada dos veces.
Durante el debate, Royón advirtió que Argentina está perdiendo oportunidades por no contar con un marco regulatorio que permita participar plenamente en los mercados internacionales de carbono.
La legisladora estimó que, con las condiciones adecuadas, la comercialización de estos servicios ambientales podría generar ingresos de entre 1.400 y 3.900 millones de dólares para el país.
La regulación del mercado de carbono podría abrir nuevas posibilidades de financiamiento para proyectos de conservación ambiental, producción sustentable y energías renovables en distintas provincias.
En el caso de Salta, la iniciativa resulta particularmente relevante por el potencial de sus actividades forestales, agropecuarias y energéticas.
Sin embargo, los beneficios previstos todavía no están vigentes. Tanto el nuevo régimen de inversiones como el marco regulatorio del mercado de carbono deberán obtener la aprobación de Diputados antes de su eventual implementación.
