Victoria López Núñez
La causa judicial por el pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10, ubicado en Pichanal, enfrenta nuevas dificultades para avanzar con las medidas ambientales. El juez de Garantías N.º 2 de Orán, Gustavo Morizzio, explicó que existen pedidos urgentes de intervención, pero las dificultades para localizar a las empresas involucradas complican el procedimiento.
En Pelo & Barba, por Aries, el magistrado describió una investigación que reúne actuaciones penales, civiles y contencioso-administrativas. La causa penal involucra a la empresa President Petroleum y a su representante, Peter Levine, mientras que otras acciones buscan determinar las responsabilidades ambientales.
Morizzio señaló que uno de los principales obstáculos es identificar los domicilios de las compañías que participaron en la explotación del yacimiento durante las últimas décadas. “Estamos trabados en una cuestión de poderles notificar cualquier tipo de medida o medida cautelar que se pueda dictar”, explicó.
El juez reveló que, durante una etapa de la investigación, transcurrieron más de seis meses hasta poder concretar una audiencia de imputación. Entre las dificultades mencionó la necesidad de conseguir un traductor para el representante de la empresa involucrada.
El Ministerio Público Fiscal ya solicitó medidas urgentes para avanzar con la contención del pozo y su futuro abandono definitivo. Sin embargo, el magistrado aclaró que las partes deben ser notificadas y contar con la posibilidad de ejercer su defensa antes de resolver determinados planteos.
Uno de los datos más preocupantes revelados por Morizzio es que los problemas estructurales del pozo se conocían desde mucho antes de las denuncias recientes. Según explicó, en 2001 se registró una fuga de gas que obligó a realizar tareas de contención mediante la colocación de un tapón.
En aquel momento también se había advertido sobre el deterioro de las cañerías y la posibilidad de que colapsaran. Pese a esos antecedentes, el juez sostuvo que ninguna de las empresas que operaron posteriormente concretó el procedimiento técnico de abandono definitivo del pozo.
El magistrado recordó que en 2023 se produjo otra fuga que fue contenida por President Petroleum. Sin embargo, explicó que tampoco se ejecutó un plan integral que permitiera resolver definitivamente el problema ambiental.
La situación generó preocupación entre los pobladores de la zona, donde se denunciaron emanaciones, posibles daños ambientales y muerte de animales. Estos antecedentes motivaron distintas intervenciones judiciales y medidas de seguridad para restringir el acceso al sector comprometido.
Como antecedente judicial, Morizzio mencionó un caso ocurrido en Calilegua, Jujuy, donde se ordenaron medidas de reparación ambiental relacionadas con antiguos pozos petroleros. Aunque evitó anticipar una resolución para Pichanal, consideró que existen herramientas legales para exigir soluciones.
“No tengo duda de que judicialmente va a haber solución. No va a ser de inmediato, por todas las complicaciones”, sostuvo el magistrado. También señaló que existen planteos sobre la competencia judicial, aunque consideró que la causa bajo su intervención corresponde a la jurisdicción provincial.
Mientras tanto, el pozo Lomas de Olmedo X-10 continúa bajo investigación. La Justicia deberá determinar las responsabilidades de las sucesivas empresas operadoras y resolver las medidas necesarias para contener las emanaciones y evitar nuevos daños al ambiente.
