Agustina Tolaba
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta estableció nuevas exigencias para la comercialización de lotes en urbanizaciones privadas, tanto abiertas como cerradas, con el objetivo de garantizar información clara y proteger a los compradores.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 771/2026, publicada en el Boletín Oficial, y surge ante el crecimiento de reclamos por desarrollos inmobiliarios que no cuentan con infraestructura adecuada de servicios públicos como agua potable, energía eléctrica o saneamiento.
Según se detalla, se detectaron numerosos casos de urbanizaciones que operan sin permisos de agua, sin habilitaciones municipales o sin sistemas de tratamiento de efluentes, lo que genera problemas a quienes adquieren terrenos de buena fe.
A partir de ahora, la relación entre compradores y desarrolladores será considerada formalmente como una relación de consumo, lo que habilita la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y refuerza las obligaciones de información por parte de los vendedores.
Entre las nuevas disposiciones, se exige que toda oferta de venta incluya un código QR con datos detallados sobre el estado de las obras de infraestructura, permisos, factibilidad de servicios y responsables de su ejecución. Además, deberá colocarse cartelería visible en los loteos con esta información.
También se establece que los contratos deberán incluir datos precisos sobre los servicios públicos disponibles o proyectados, como factibilidad eléctrica, acceso al agua, cloacas y grado de avance de las obras.
El organismo advirtió que el incumplimiento de estas condiciones será considerado una infracción a la normativa de defensa del consumidor y podrá derivar en sanciones.
