En pleno 2026, se volvió a instalar en la agenda pública un debate que ya había generado fuerte controversia años atrás, especialmente en la provincia de Salta, tras un caso ocurrido en el Parque Nacional Los Cardones.
El episodio remite a una situación registrada a mediados de la década del 2000, cuando la presencia incontrolada de burros fue señalada por autoridades ambientales como un problema para el equilibrio del ecosistema. En ese contexto, el entonces intendente del Parque Nacional Los Cardones, Juan Sergio Bikauskas, sostuvo que los animales “ahuyentan a los guanacos y destruyen la fauna autóctona”, justificando la necesidad de intervenir sobre la población.
Bikauskas admitió por Aries en su momento haber recibido una propuesta del empresario Felipe Wayar para hacerse cargo del manejo de los burros, y aseguró que la iniciativa era conocida por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Salta, la Policía provincial, el SENASA y la Sociedad Rural salteña.
Según denuncias de organizaciones proteccionistas y medios de la época, la intención de Felipe Wayar habría sido la comercialización de la carne de los animales, que eran trasladados a frigoríficos para su posterior procesamiento y eventual exportación a Italia, España, Francia y Suiza.
Desde el gobierno salteño, voceros oficiales señalaron que el tema “no tenía nada que ver con el (entonces) vicegobernador Walter Wayar”, aunque confirmaron que su hermano, Felipe Wayar, había sido contratado para la tarea vinculada al manejo de los animales.
La Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal (ADDA), a través de su titular Martha Gutiérrez, denunció que se trataba de “una masacre”, afirmando que alrededor de mil burros fueron enviados a frigoríficos de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, con valores estimados entre 300 y 350 pesos por animal. Gutiérrez también cuestionó el sistema de transporte, señalando que cada ejemplar viajaba con su Documento de Tránsito Animal (DTA) y que eran marcados con una “F” a fuego.
“Esto es espantoso, es una vergüenza. ¡Esto es un negociado!”, expresó en aquel momento la referente de ADDA, quien además vinculó la situación a un marco legal habilitado durante la presidencia de Carlos Menem, que permitió la comercialización de equinos.
Desde la Administración de Parques Nacionales, María Fernanda Menvielle, de la Dirección de Conservación y Manejo, defendió la decisión de avanzar con un convenio con Felipe Wayer, argumentando que la institución no contaba con recursos para afrontar el manejo de la población animal.
“Se analizaron todas las alternativas, pero nuestra prioridad es la conservación de los ecosistemas”, explicó Menvielle, al tiempo que sostuvo que los burros estaban degradando los pastizales y afectando el patrimonio natural.
El tema se volvió tendencia tras un caso en Chubut, donde el producto se agotó en pocos días. Entre curiosidad, rechazo y dudas legales, el consumo abre una discusión que trasciende lo gastronómico.
