Por Aries, el coordinador del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pablo Del Pino, explicó cómo funciona el sistema de votación dentro del juicio por jurados y cuáles son los mecanismos previstos por la ley cuando no se alcanza la unanimidad.
Según indicó, durante las audiencias preliminares y en el proceso previo al veredicto se busca que los miembros del jurado lleguen a una decisión unánime respecto de una condena o una absolución. “Lo que se intenta es la unanimidad, principalmente para cualquier propuesta que tengan las partes”, señaló.
No obstante, aclaró que la unanimidad no es una condición indispensable para dictar una sentencia. La normativa prevé mecanismos alternativos en caso de que no se logre el acuerdo total entre los jurados. “La misma ley establece una serie de procedimientos para intentar lograrla y, subsidiariamente, permite que se llegue a una mayoría absoluta”, explicó.
En ese sentido, detalló que una decisión puede adoptarse con el voto de diez de los doce miembros del jurado. Ese número constituye la mayoría absoluta que habilita la posibilidad de dictar un veredicto.
Del Pino también explicó que la ley establece distintas garantías para proteger el funcionamiento del jurado, como el anonimato de sus integrantes y el sorteo de los mismos pocos días antes del inicio del juicio.
Además, señaló que el juez no debe informar al inicio del proceso sobre la posibilidad de resolver por mayoría, con el objetivo de incentivar la búsqueda del consenso.
Por otra parte, el especialista se refirió al rol del juez dentro del juicio por jurados, a quien se denomina “juez técnico”. Su función principal es dirigir el proceso, ordenar las intervenciones de las partes y garantizar que se cumplan las reglas del procedimiento. Asimismo, es quien finalmente aplica la pena una vez que el jurado emite su veredicto.
Finalmente, destacó que el sistema representa un desafío tanto para los operadores judiciales como para los ciudadanos que integran el jurado. En ese contexto, señaló que los abogados deben adaptar su lenguaje para dirigirse directamente a personas que no son especialistas en derecho.
