En Salta, el gobierno llega a esta instancia con un condicionante superado al haber acordado con el principal gremio docente el incremento salarial para la primera mitad del año. En principio, podrían descartarse medidas de fuerza que interrumpan el dictado normal de clases..
Desde la cartera educativa se destacó que el programa “Puesta a Punto” se llevó adelante de acuerdo a lo previsto aunque su aplicación significó un gran esfuerzo financiero. Se trata del acondicionamiento de alrededor de 1.500 establecimientos a través de obras de mantenimiento demandadas y supervisadas por sus directivos.
A la par de esa tarea, durante el receso de verano se avanzó en ejes estratégicos que sustentan la política para el sector. El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, mencionó la universalización del programa provincial de alfabetización, el fortalecimiento de medidas contra la deserción escolar y la ampliación del sistema de alertas tempranas en escuelas secundarias, una iniciativa piloto que comenzó en 2025. También destacó disposiciones referidas a la convivencia escolar, que tienen como objetivo la prevención de conflictos.
Se advirtió también que el sistema educativo provincial enfrentará en los próximos años una transformación profunda, producto del descenso sostenido en los nacimientos. Ya se está registrando el cierre de divisiones en el nivel inicial por falta de alumnos, tanto en el sector público como en el privado. Se ha estimado que en la próxima década habrá una reducción de hasta el 45% de estudiantes y ello obliga a preparar cambios que pasan por prever reformas estructurales para readecuar el uso de recursos. Es un tema cuyo debate todavía no ha tomado en la Provincia una dimensión social sino que se registra en ámbitos de especialistas.
También debe extenderse el debate en torno del impacto que puede tener la reforma educativa planteada por el Gobierno nacional. La administración libertaria giró en diciembre pasado al Congreso un proyecto de 169 artículos, luego que se recogiera la opinión de distintos sectores integrados en el llamado Consejo de Mayo. Este órgano fue creado al amparo del pacto suscripto entre un importante grupo de gobernadores -entre ellos el de Salta- con el presidente de la Nación, acordando un conjunto de reformas que se deben encarar en el país.
En su fundamentación, se señala que la iniciativa oficial apunta a reestructurar la gobernanza del sistema, con una mayor autonomía para las escuelas y los directores y una mayor participación de las familias. Se reconoce que el deterioro educativo es multicausal pero el factor principal reside en los graves déficits de autonomía, libertad y rendición de cuentas propios del actual diseño institucional del sistema educativo argentino.
La urgencia del Ejecutivo nacional por avanzar en esta reforma plantea la necesidad de que se imponga una discusión nacional que trascienda el correspondiente debate parlamentario. Debe considerarse que a través de la ley de presupuesto 2026 se alteraron las condiciones del financiamiento del sistema educativo, al eliminar la meta de inversión del 6% del PBI. También se quitó el sostenimiento de la educación técnica, imprescindible para contribuir al crecimiento del país, todo ello con el apoyo de los legisladores nacionales por Salta, lo que demuestra que no debe dejarse sólo en manos de referentes políticos decisiones fundamentales para el futuro.
Una sociedad comprometida con un pilar básico del desarrollo y la proyección argentina en el mundo se demanda como un mandato de este tiempo de cambios.
Salta, 27 de febrero de 2026
