Un alto funcionario de Defensa cuestionó los juicios de lesa humanidad

El jefe de Gabinete de Carlos Presti en el Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, arremetió desde las redes sociales contra los juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura. El funcionario, cuya designación fue oficializada la semana pasada, protestó porque se acumulan causas por hechos sucedidos hace 50 años en los tribunales federales, que también deben investigar delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción.

Este lunes por la mañana, cuando la actividad volvió a los tribunales tras la feria de enero, Madero se despachó con una provocación desde su cuenta de X. “Los juzgados federales argentinos, encargados de combatir el narcotráfico y la corrupción, están colmados de juicios de lesa humanidad por crímenes ocurridos hace 50 años que violan el derecho de toda persona a ser juzgada y a que se determinen sus derechos en un plazo razonable”, escribió.

El párrafo correspondía a un editorial que La Nación le dedicó a los procesos por secuestros, desapariciones y asesinatos, en el que afirmaba que “no hubo para ancianos enfermos ni detención domiciliaria ni salidas autorizadas ni libertad condicional ni otros institutos que rigen para todo ciudadano”.

El texto aporta datos falsos. Es desmentido por las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que muestran que el 84 por ciento de los detenidos por delitos vinculados al terrorismo de Estado están en sus casas. En diciembre último, sin ir más lejos, el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua, obtuvo la libertad condicional.

La visita de Madero a los represores

No es la primera vez que Madero arremete contra los juicios de lesa humanidad. Ya lo había hecho mientras era funcionario de Luis Petri en el Ministerio de Defensa. Fue el primero en negarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que se encarga de colaborar con las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los bebés robados durante la última dictadura.

Como reveló Página/12, Madero fue uno de los dos funcionarios que en marzo de 2024 visitaron la Unidad 34 de Campo de Mayo, mucho antes de que el grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) se reuniera con Alfredo Astiz y compañía en el penal de Ezeiza. En un pedido de informes, Madero admitió la recorrida, pero la justificó diciendo que se debía a la verificación de cuestiones edilicias. Sin embargo, este diario pudo saber que los represores habían quedado muy entusiasmados después de esa entrevista.

En la Unidad 34 de Campo de Mayo —considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos— hay 62 represores presos. Desde mayo pasado, el Gobierno decidió concentrarlos allí. Hay otros 18 que permanecen dispersos en unidades penitenciarias del resto del país.

Despidos y negacionismo

Pocas semanas después de la visita de Madero a la Unidad 34, Petri echó a los integrantes de los equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que funcionaban en Defensa desde 2010. Esos grupos, catalogados como “nefastos” por el entonces ministro, se dedicaban a aportar información requerida por la Justicia para el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad.

Después de que este medio informara lo sucedido en Defensa, el fiscal general Miguel Palazzani —que interviene en las causas por lesa humanidad en Bahía Blanca y Neuquén— envió un oficio al ministerio pidiendo que se preservara el acervo documental.

El oficio cayó mal en el edificio Libertador. Fue Madero quien respondió al requerimiento de Palazzani con una nota dirigida al procurador interino Eduardo Casal, en la que recordó que no puede haber comunicación directa entre fiscales y el Poder Ejecutivo, sino que esta debe estar mediada por la Procuración General de la Nación. Acto seguido, Casal llamó la atención a Palazzani, cuyo único interés era evitar que se perdiera información clave para las causas.

La “memoria completa” de Madero

En julio del año pasado, Madero publicó una columna en el portal Infobae en la que despotricaba contra la “industria” de los juicios de derechos humanos, un latiguillo que había utilizado Victoria Villarruel durante la campaña de 2023.

“A través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica —enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70— se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial. Su subordinación se acentuó hacia políticas centradas exclusivamente en derechos humanos, perspectivas de género y actos de memoria, sin considerar la integralidad histórica a la que llamamos ‘memoria completa’”, se quejó, con amargura, Madero.

El Ministerio del teniente general Presti

La nueva arremetida contra los juicios se da en un contexto particular: en menos de dos meses la sociedad argentina recordará los 50 años del golpe. A eso se suma que Madero pasó a ser la mano derecha de Presti, que es hijo de uno de los jerarcas de la dictadura, Roque Presti, responsable de la represión en La Plata y otros partidos aledaños.

En su gabinete, Carlos Presti incorporó a otro hijo de un represor. Se trata de Daniel Martella que estará al frente de los Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa.

Daniel Martella es hijo de Santiago Martella, condenado a prisión perpetua en el megajuicio de La Perla. Santiago Martella no solo estuvo a cargo de la Brigada Aerotransportada IV, sino que también fue secretario general de la Presidencia durante la dictadura de Roberto Viola y jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) en 1982.

En sus redes, Daniel Martella suele despotricar contra los juicios de lesa humanidad y la justicia que mira “con un solo ojo”.

Página12