Un informe del Ieral revela una contradicción crítica en el sistema de riesgos del trabajo en Argentina: mientras que los accidentes y muertes en el lugar de trabajo cayeron, la litigiosidad laboral ha recuperado fuerza.
Argentina19/01/2026
La evolución del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina muestra una dinámica que combina dos tendencias opuestas. Por un lado, los indicadores de siniestralidad laboral evidencian una caída sostenida en la cantidad y gravedad de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en los lugares de trabajo. Por otro, la litigiosidad volvió a crecer con fuerza en los últimos años y alcanzó niveles similares —e incluso superiores— a los registrados antes de las últimas reformas legales. Así surge de un informe del Ieral que analiza casi tres décadas de funcionamiento de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).
En materia de prevención, los datos muestran una mejora persistente desde la puesta en marcha del sistema actual. Según el informe, a mediados de la década de 1990 se registraban alrededor de 75 accidentes y enfermedades laborales cada 1.000 trabajadores dentro del ámbito de las empresas. En la actualidad, esa cifra se redujo a cerca de la mitad. La tendencia descendente es clara y sostenida a lo largo del tiempo.
El contraste aparece cuando se observan los siniestros que ocurren fuera del establecimiento laboral. Los accidentes in itinere, es decir, los que se producen en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, muestran una evolución inversa. De acuerdo con los datos del Ieral, pasaron de 7 casos cada 1.000 trabajadores en los primeros años del sistema a 18 por cada 1.000 en la actualidad. Se trata de eventos que, si bien están cubiertos por el sistema, dependen de factores ajenos a la organización del trabajo y a las políticas de prevención de las empresas.
La mejora en los indicadores más graves también es significativa. El informe señala que cuando la LRT comenzó a operar, en 1997, se producían 158 muertes por millón de trabajadores en los lugares de trabajo. Hoy esa tasa se redujo a 34 muertes por millón. Según el estudio, esta baja equivale a haber evitado 18.700 muertes laborales en 26 años, o unas 720 muertes por año. En los accidentes in itinere también se observa una disminución, aunque más moderada: de 76 a 30 muertes por millón de trabajadores.
Mientras la siniestralidad muestra estos avances, la evolución de los juicios laborales sigue otro camino. Tras la sanción de la Ley 27.348 en 2017, que buscó ordenar el sistema y reducir la litigiosidad, el número de demandas se desaceleró de manera transitoria. Sin embargo, el informe del Ieral indica que ese efecto fue limitado en el tiempo. Una vez superada la pandemia, los juicios volvieron a crecer con rapidez.
En 2024 se registraron alrededor de 124.000 juicios por riesgos del trabajo, una cifra similar a la observada en 2017, el año en que se sancionó la última reforma. “Sacando del medio la pandemia, se puede decir que a la judicialidad le tomó apenas tres años retornar a los niveles previos a la sanción de la ley”, señala el estudio. En los primeros meses de 2025, la tendencia continuó en ascenso, lo que anticipa un nuevo récord anual.
El análisis del Ieral muestra que la litigiosidad no está asociada, en su mayor parte, a siniestros graves. Por el contrario, la mayoría de las demandas judiciales se concentran en casos de baja incapacidad. En 2023, el 64% de las sentencias determinó incapacidades inferiores al 15%, y el 96% de los juicios correspondió a incapacidades de hasta 30%. Solo el 4% superó ese umbral y apenas el 1% involucró incapacidades mayores al 50%.
“El sistema judicial no está actuando para remediar anomalías en la reparación de incapacidades graves”, indica el informe. Y agrega que “son situaciones excepcionales y puntuales los casos de incapacidades altas que devienen en juicio”, lo que sugiere que esos eventos son reparados de manera automática por el sistema.
Otra característica destacada es la diferencia entre tipos de siniestros. Según los datos de 2023, solo el 8% de los accidentes de trabajo e in itinere deriva en un juicio, mientras que el 43% de las enfermedades profesionales termina judicializado. Esta proporción se repite tanto en provincias adheridas como no adheridas a la Ley 27.348, lo que refuerza la idea de que la reforma logró frenar la litigiosidad solo de forma temporal, sin modificar su naturaleza.
El informe también subraya la fuerte diferencia entre provincias. En CABA, Santa Fe y Mendoza, alrededor del 17% de los siniestros deriva en un juicio, mientras que en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén la proporción oscila entre el 8% y el 11%. En otras jurisdicciones adheridas, como Entre Ríos, Río Negro o Tierra del Fuego, la litigiosidad baja a entre 2% y 4%, y en algunas provincias no supera el 1%.
Para el Ieral, estas diferencias “sólo pueden ser explicadas por divergencias en los criterios de evaluación del daño”. El estudio señala que, en muchos casos, las pericias médicas judiciales aplican reglas distintas a las previstas por la normativa vigente y por las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
En términos de volumen, el problema adquiere otra dimensión cuando se observa el stock de juicios acumulados. Luego de un descenso posterior a la reforma de 2017, el número de demandas en trámite volvió a crecer y se mantiene por encima de las 300.000 causas. El informe advierte que, aunque cada juicio individual corresponda a incapacidades bajas, su masividad genera un impacto relevante sobre el sistema.
De acuerdo con las estimaciones del Ieral, el costo del flujo anual de juicios equivale aproximadamente al 1,2% de la masa salarial, lo que representa cerca del 47% de la alícuota promedio del sistema de riesgos del trabajo. “Aunque los juicios son por porcentajes de incapacidad bajos, su masividad hace que su incidencia sea desestabilizante para la sostenibilidad financiera del sistema”, concluye el estudio.
Así, mientras los indicadores de accidentes y muertes laborales muestran una mejora sostenida, la cantidad de juicios vuelve a crecer y se consolida como uno de los principales desafíos del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina.
Con información de Infobae
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