El diputado nacional Daniel Arroyo advirtió sobre la grave crisis que atraviesa el sistema de atención a las personas con discapacidad en la Argentina y reclamó la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente vetada por el Poder Ejecutivo a pesar de haber sido aprobada con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Arroyo fue contundente: “Hoy el sistema está totalmente colapsado. Las personas no acceden a tratamientos, a medicamentos, a terapias ni a traslados. Los hogares y centros de día funcionan con rifas y ferias americanas porque no saben más qué inventar. La situación es dramática”.
El legislador, en diálogo con Splendid AM 990, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de frenar la ley: “No entiendo por qué el Gobierno la vetó. No tiene impacto fiscal, no logro comprender qué se les ocurrió. La ley fue votada ampliamente en Diputados y en el Senado, y ahora solo falta que la Cámara alta rechace el veto. No es opcional ponerla en marcha, es una obligación legal”.
Según Arroyo, la normativa es clave porque “ordena el sistema”, actualizando los aranceles y garantizando cobertura real. Puso como ejemplo el valor que reciben los transportistas: “Un transportista cobra 541 pesos el litro de nafta, cuando en realidad cuesta 1.500. Por eso, en vez de llevar a la persona cinco días por semana al tratamiento, con suerte la lleva dos. Es insostenible”.
El diputado también denunció el “contraste brutal” entre la precariedad que sufren las personas con discapacidad y las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad: “El día que acompañantes terapéuticos pedían pasar de 2.900 a 3.100 pesos la hora, aparecían audios con cifras de 500.000 o 800.000 pesos en supuestas coimas. El contraste es doloroso, penoso. La sociedad ya no lo tolera”.
Arroyo subrayó que la auditoría impulsada en la Agencia tuvo como único objetivo recortar pensiones de manera indiscriminada: “Lo hicieron mal a propósito. Alguien con ceguera de nacimiento tuvo que volver a presentar todos sus estudios. El 40% de los telegramas no llegó a destino. Fue un escándalo armado para recortar a lo bestia”.
De cara a la próxima semana, Arroyo señaló dos caminos urgentes: “Primero, que el Senado rechace el veto y la ley entre en vigencia. Segundo, que avancen la Justicia y el Congreso en la investigación de los audios de corrupción. No hay margen político ni legal para seguir dilatando esto”.
Por último, dejó un mensaje claro: “El Estado se ha corrido de donde no puede correrse: la atención a las personas con discapacidad. Es hora de que se termine con la improvisación y se ponga en marcha ya la ley”.
Con información de Noticias Argentinas
