La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso de queja presentado por la defensa. Teruel había sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado contra dos menores.
Imputada por lavado de activos evitó el juicio con una donación de 16 millones
Dos organizaciones de Salta recibieron más de 16 millones de pesos como parte de un acuerdo de conciliación judicial que permitió extinguir la acción penal contra una mujer investigada por lavado de dinero.
Judiciales19/06/2025
Dos instituciones dedicadas al bien público fueron beneficiadas con más de 16 millones de pesos como parte de un acuerdo de conciliación entre la Fiscalía Federal de Salta y la defensa de una mujer imputada por lavado de activos. La medida fue homologada por la jueza Mariela Giménez el pasado 22 de mayo y representa una salida alternativa al proceso penal, conforme lo permite el Código Procesal Penal Federal.
El acuerdo fue promovido por el fiscal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, quienes detallaron el caso que dio origen a esta resolución: en julio de 2023, un transportista fue detenido con más de seis kilos de cocaína. Meses más tarde fue condenado en un juicio abreviado. La investigación posterior permitió identificar a Patricia Aparicio como una pieza clave en la cadena de tráfico.
Durante un allanamiento en su vivienda, se incautaron más de 7 millones de pesos y 16.500 dólares, lo que derivó en su imputación por lavado de activos. No obstante, ante la posibilidad de aplicar una solución alternativa conforme al artículo 34 del CPPF, la fiscalía propuso un acuerdo de conciliación, una vía legal para delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia.
La imputada aceptó abandonar la mitad de los valores secuestrados —$8.510.461 y US$8.250— que fueron entregados a dos organizaciones: el Centro Eclesial El Alfarcito, que brindará asistencia en la Quebrada del Toro, y la Fundación Cultura Nativa, dedicada a la ayuda humanitaria en el Chaco Salteño.
La fiscalía argumentó que esta medida cumple con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y reparación del daño, y representa una alternativa eficaz al juicio penal, en línea con las resoluciones de política criminal vigentes. Las sumas entregadas serán utilizadas para atender necesidades sociales urgentes en comunidades vulnerables del norte argentino.
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