Personas en la calle: críticas al Gobierno por desligarse de su responsabilidad

El Gobierno nacional se desliga de su responsabilidad frente a las personas en situación de calle. Mediante un decreto que ataca lo establecido por la Ley de Situación de Calle y Familias sin Techo --aprobada en 2021 tras décadas de lucha de las organizaciones--, la gestión de Javier Milei delegó las políticas de asistencia a las provincias y degradó las responsabilidades del Ministerio de Capital Humano que ahora sólo tendrá tareas de "órgano rector" en el área. Aunque las jurisdicciones locales ya se hacían cargo de la mayor parte de los planes de asistencia, las organizaciones advierten sobre el riesgo de que se caigan los programas nacionales y su integración con otros subsidios que hasta el momento funcionan en conjunto. 

Corría el mes de diciembre de 2021 y las organizaciones y asambleas que trabajan con personas en situación de calle celebraban un triunfo histórico: tras décadas de impulsar el reclamo, lograban que el Senado diera sanción definitiva a la primera norma nacional que serviría como marco legal para la protección de los derechos de esa población. La Ley 27.654 establecía parámetros mínimos con ese objetivo y la creación de programas de subsidios económicos para la subsistencia y acceso a la vivienda, pero también para la construcción de una red nacional de centros de integración, mesas de articulación territoriales y hasta la reglamentación de censos nacionales periódicos para conocer la realidad del sector, entre otros puntos. Tres años y medio después, el decreto con la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desarticula varios de los lineamientos de esa ley. 

Publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Decreto N° 373/25 apunta directamente contra tres artículos importantes de la 27.654. El primero es el N°3, que establecía al antiguo Ministerio de Desarrollo Social como autoridad de aplicación para estar a cargo de los "programas de política pública" establecidos por la ley, en conjunto con otros organismos del Estado también ya desaparecidos, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad o el de Desarrollo Territorial y Hábitat. En reemplazo, la autoridad de aplicación ya no será ni siquiera un ministerio sino la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Capital Humano, con potestades ahora degradadas, ya que no estará a cargo de diseñar políticas sino que sólo funcionará como "órgano rector" para aprobar "directrices y lineamientos generales en la materia". En un comunicado, el Ministerio aseguró que la modificación es para "priorizar el abordaje territorial local" de la problemática "ante el contexto de bajas temperaturas". 

Así, el decreto deja claro que las provincias son las "responsables inmediatos de la atención de las personas en situación de calle", por lo que son ellas las que tendrán exclusivamente a su cargo "la elaboración e implementación de las políticas públicas pertinentes, para lo cual elaborarán sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa a sus destinatarios". En la misma línea va la modificación del Artículo N°10 de la ley, que estipulaba que el Estado nacional era el responsable de elaborar políticas "de carácter federal, inclusivas e integrales", algo que queda ahora a cargo de las jurisdicciones locales con la Secretaría ocupando sólo un rol de "coordinación". 

Pero el punto que más preocupa a las organizaciones es la tercera modificación que el decreto introdujo en la ley, ya que podría tener consecuencias directas en la ejecución de las políticas. En este caso directamente se elimina uno de los incisos del Artículo N°12, que hasta ahora establecía que todos los programas existentes con foco en la población en situación de calle "deben ser mantenidos o integrados a los programas que resulten de la aplicación de esta ley" y que "en ningún caso puede disminuirse el alcance de los programas que ya se están implementando". 

Según explicó Horacio Ávila, titular de la organización Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, esa eliminación implica "la anulación de la parte de la ley que incorporaba otros programas que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad o apuntados a personas con situaciones de consumo". "Al suprimir esto se deja afuera a un montón de gente", advirtió el referente de la organización. 

Aunque todavía no se anunció su cierre, la eliminación de la responsabilidad del Estado nacional sobre los programas pone en riesgo la existencia, por ejemplo, del Programa Integrar, que se creó en 2023 precisamente a partir de lo establecido por la ley para funcionar en conjunto con los programas que ya llevaban adelante las distintas jurisdicciones. Además de fijar lineas de ayuda directa, el plan tenía como objetivos la búsqueda de soluciones habitacionales, la conformación de mesas de articulación territorial o la realización de los relevamientos nacionales. Las organizaciones no sólo alertan sobre el posible cierre de ese programa sino también de la complementariedad de los diversos planes que actualmente garantiza la ley. 

El decreto presidencial se publica en medio de un marcado crecimiento de la cantidad de personas en situación de calle en el marco de la crisis económica. En la Ciudad, los números de los censos oficiales vienen creciendo ininterrumpidamente desde hace dos años. El último reporte publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño, realizado en noviembre del año pasado, indica que para entonces había 4049 personas en esa situación --alrededor de 1400 más que en 2022--, 2813 en paradores y 1236 directamente en la calle. 

Los números relevados por las organizaciones también dan cuenta de ese crecimiento, aunque con cifras mucho mayores que las oficiales. Un relevamiento realizado en 2023 arrojaba que para entonces ya eran 8028 en territorio porteño, mientras que un último informe de principios de mayo de este año en la Comuna N°1 reveló que sólo en esa comuna había 1483 personas en situación de calle. De ese total, el 25 por ciento dijo que quedó en la calle hace menos de un año. Según indicó Ávila a este diario, ya se está preparando la realización de un nuevo censo popular en toda la ciudad para actualizar las cifras totales. 

Página12