Uno de los perjuicios más importantes que generaron los modelos neoliberales implementados en nuestro país fue la profundización de las desigualdades entre el interior del país y la zona núcleo.
Opinión22/05/2025 Antonio Marocco
Sea por las decisiones de los gobiernos centrales, por la mano invisible del mercado, o por combinaciones de ambas, a lo largo del último siglo muy pocas ramas de las economías regionales han alcanzado un estadio de desarrollo similar al que se alcanzó en la pampa húmeda, en el complejo industrial del centro del país o en la zona de influencia portuaria. Es así que con cada crisis nacional las provincias alejadas se llevan la peor parte.
Por eso insistimos con las iniciativas que surgen de instituciones como el Consejo Regional del Norte Grande o la Mesa del Litio, por poner dos ejemplos. La única manera de hacer competitivas nuestras provincias es haciendo competitivas nuestras regiones. Infraestructura, seguridad jurídica e integración económica, social y cultural. A problemas comunes, proyectos y soluciones comunes.
El futuro de la Argentina no se define en Buenos Aires. Tal como lo dijo el gobernador Gustavo Sáenz en la ronda de negocios que organizó la Cámara de Comercio de Estados Unidos: El norte argentino “es un gigante dormido que está comenzando a despertar para mostrarle a todo el país su enorme potencial. Tiene todo lo que el mundo hoy necesita, no solo minerales críticos, sino también energía y agroindustria”.
La evidencia histórica nos ha hecho comprender a quienes habitamos la Argentina profunda que nadie ninguna provincia se salva sola y que no podemos seguir esperando la voluntad de algún gobierno de turno que se proponga con franqueza terminar con las asimetrías.
Lo que está ocurriendo en Tierra del Fuego también responde a una lógica centralista. Sin un debate profundo que nadie pretende negar se están tomando decisiones que pueden afectar a más de 10 mil familias trabajadoras, que pueden darle un tiro de gracia a la industria nacional y que sobre todo pueden contribuir a despoblar nuestra estratégica Patagonia justo en el momento de mayor complejidad geopolítica del siglo 21. Necesitamos más que nunca del norte y el sur para reafirmar la soberanía de la Argentina bicontinental.
Así como sociales y económicos, los desafíos regionales más urgentes son también medioambientales. No se abordan de la misma manera las inundaciones en los deltas bonaerenses que los desbordes del Bermejo o el Pilcomayo. Y un poco ese fue el espíritu que impulsó el Tercer Encuentro de Capacitación en Sistemas de Alerta Temprana, evento que reúne autoridades provinciales y municipales, representantes de comunidades indígenas y especialistas de toda la región para fortalecer las redes de gestión y preparación ante las emergencias socioambientales en la Cuenca del Río Bermejo.
Todos los esfuerzos son bienvenidos y necesarios para acompañar el trabajo en el territorio, porque sabemos que el norte argentino presenta una vulnerabilidad mayor ante los desastres naturales y las consecuencias del cambio climático. Nuestra provincia no ha sido ajena a esta problemática y todo lo que empecemos a hacer hoy será necesario para abordar las posibles emergencias del mañana.
Para ir cerrando y volver a nuestra ciudad, esta semana cumplió 76 años la Policía Municipal de Tránsito. A lo largo de mi vida tuve muchos amigos y compañeros que trabajaron con empeño en esa institución, cumpliendo una tarea que no siempre la sociedad valora como debiera. Son incontables los accidentes que han prevenido y las muertes que han evitado con su laburo diario. Aprovecho este nuevo aniversario para destacarlo y enviarles un afectuoso saludo a toda la familia de Tránsito.
Tres decisiones del gobierno nacional impactaron en territorio sindical, enervando una estructura resistente a los cambios. Anticipan un clima de conflictividad que no frenará el ímpetu reformador, ante la inminencia de la caducidad de las facultades delegadas al Presidente de la Nación.
Este criterio no es novedoso ni aislado, incluso el mismo Colegio de Abogados de Salta el año pasado, se pronunció en la misma línea al respaldar la continuidad de la Dra. Teresa Ovejero.
En pleno año electoral se debate sobre el sentido de las elecciones como elemento de expresión de la voluntad popular. La dirigencia se empeña en usar ese proceso institucional para tomar el poder e incorporarlo a su patrimonio personal. El resultado es el progresivo alejamiento ciudadano y la creciente judicialización de la política.
Cerrado el proceso electoral de reforma legislativa, los actuales legisladores se preparan para analizar importantes proyectos de ley. Se trata de modificar normas para promover mejoras que orienten el desarrollo provincial y promuevan la cantidad y calidad de fuentes de trabajo.
El proceso electoral en desarrollo para la renovación legislativa provincial y nacional deja en evidencia que hay un serio problema a resolver, para que la representatividad que emerja de los comicios sea legítima. Los resultados de las elecciones no son la única manifestación de la voluntad popular.
En cada una de las elecciones que se están realizando en las provincias argentinas se viene sosteniendo una tendencia de baja participación en las votaciones por parte de los ciudadanos convocados en los comicios.
La denuncia presentada por violencia institucional de género, amenazas y coacción, y que reveló un polémico manejo de $90 millones, contra el Presidente de la Agencia Salta Deportes ya tiene un fiscal a cargo y se esperan medidas.
La entidad presentó su Memoria Anual 2024 con un balance que combina crecimiento financiero, transformación digital, compromiso ambiental y aporte social.
El Ejecutivo Provincial envió el proyecto de ley para su tratamiento en las Cámaras legislativas.
El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.